La directora de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Sylvia Dias, y el profesor Fabian Salvioli, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacaron a Fiscales el reciente fallo de la Cámara Federal de Córdoba que ordenó el cese de una orden del Poder Ejecutivo provincial para prohibir el ingreso a los fiscales federales a penales de esa provincia. Los especialistas remarcaron que el pronunciamiento tiene en cuenta los compromisos asumidos por la Argentina en materia de prevención y sanción de la tortura.

El fallo del tribunal cordobés es el resultado de una acción de amparo promovida por el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, quien interpuso el recurso luego de que el 8 de mayo pasado le prohibieran ingresar a la cárcel de Bouwer, cuando en la víspera había secuestrado en el penal de San Martín cadenas utilizadas para torturar.

"El fallo reconoce el compromiso que asumió el Estado Argentino frente a la comunidad internacional para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando Argentina ratificó la Convención contra la Tortura en Naciones Unidas y también su Protocolo Facultativo y, entre esas medidas, se incluyen las visitas periódicas, sin previo aviso, a todos los lugares de privación de libertad", indicó desde Panamá la referente continental de la APT, organismo que emitió un comunicado en el que expresa su satisfacción por la noticia.

Por su parte, Salvioli remarcó que "el voto de la mayoría comprende efectivamente las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Es decir, el Estado se ha comprometido a nivel internacional a establecer mecanismos eficaces de prevención de la tortura y la posibilidad de la visita a las cárceles es sin duda uno de esos elementos. El voto de la minoría omite esa cuestión y no solamente lo omite, sino que pone en riesgo al Estado de caer en responsabilidad internacional".

En esa línea, el profesor Salvioli destacó que la resolución de la Cámara Federal de Córdoba "garantiza el derecho de las personas a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes", dado que contribuye a "garantizar los derechos de aquellas personas que se encuentran bajo tutela del EStado"

Dias, en tanto, recordó además que el fallo va en línea con la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que -según explicó- ha señalado que "los principios que deben regir la gestión de los centros de privación de libertad son los de la transparencia, de la apertura, del monitoreo independiente y, además, los Estados deben tratar de garantizar y reglar lo que sea necesario para proporcionar un acceso regular a las prisiones, sean jueces, ONG, fiscales, defensa pública, sin restricciones y a cualquier hora".

La referente de APT también valoró el accionar de la Procuvin. En ese sentido, refirió que "los fiscales deben tener el deber por supuesto de investigar y buscar la sanción penal cuando haya un caso de tortura, pero también deben ir más allá y también buscar prevenir que ocurran hechos de tortura y eso se da, por ejemplo, con acciones de visita, de monitoreo, con la fiscalización de los centros de privación de libertad. Eso nos parece un gran éxito del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, con la creación de la Procuraduría".