La Procuraduría de Violencia Institucional presentó un dictamen en el que concluye que los hechos ocurridos tras la marcha a Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer constituyen hechos de violencia institucional que deberán ser investigados a fin de determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Este mediodía, un grupo de víctimas fue recibido por funcionarios de la Procuvin, UFEM y DOVIC, para informar sobre el avance de la investigación.

El documento presentado en el marco del expediente que lleva adelante la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, Laura Belloqui, plasma las declaraciones de víctimas y testigos de la represión ocurrida el 8 de marzo, pasadas las 20:00, en plena desconcentración, y presenta las conclusiones preliminares de la Procuvin sobre el carácter delictivo de la acción policial.

El primer hecho que deberá investigarse, según la Procuvin, son los sucesos ocurridos en la zona de la Catedral metropolitana, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto –desde corta distancia- que lesionaron a varios de los presentes. Asimismo, se produjeron detenciones arbitrarias, violentas e irregulares, ya que los efectivos intervinientes no se identificaban o apresaban, entre varios, a gente que no estaba relacionada con el principio de incendio que se había iniciado en la puerta de la Catedral.

En tal sentido, el texto señala que “los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”.

El dictamen señala también que se deberán investigar los sucesos ocurridos en las inmediaciones de las calles Bolívar y Diagonal Sur, donde un camión hidrante comenzó a dispersar a la gente que aún quedaba en el lugar. Allí, además, se produjeron detenciones violentas e ilegales y algunas de las víctimas fueron rociadas con gas pimienta o llevadas a la rastra entre varios efectivos policiales.

El tercer eje del dictamen de la Procuraduría especializada a cargo del fiscal Félix Crous se centra en los sucesos ocurridos, alrededor de las 22:00, cuando un grupo de mujeres que cenaba en una pizzería de la calle Perú, fue increpado por la Policía para abandonar el lugar. Al preguntar las razones, muchas de las presentes fueron agredidas por los efectivos, detenidas e introducidas en un camión de traslado.

Apremios Ilegales y requisas vejatorias en las Comisarías 1ª y 30ª y en la Comuna 4ª

Según los testimonios de las víctimas, tras las detenciones fueron llevadas en un primer momento a la Comisaría 1ª.  Luego se las trasladó, de a una, a una sala aparte, donde personal policial femenino las hizo desnudarse y, en algunos casos, las manosearon. Tras ello, fueron trasladadas a la Comuna 4ª, donde volvieron a ser requisadas, a pesar de que les manifestaron que ya las habían revisado en la Comisaría 1ª. Las requisas fueron realizadas por personal policial sin identificación, procedimientos que incluyó la desnudez forzosa en algunas situaciones con puertas abiertas que no resguardaban su intimidad, reza el informe.

Asimismo, las victimas denunciaron que todas las detenidas en la Comisaría 30ª eran mujeres lesbianas y de tez morocha, por lo que la Procuvin concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en  los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.