El 25 de septiembre pasado comenzó a funcionar la mesa de diálogo que había sido ordenada por el Juez Federal de Neuquén Gustavo Villanueva. La medida la había dictado luego de hacer lugar a la acción de hábeas corpus colectivo planteada por representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El objetivo de la mesa es evaluar la elaboración de un plan para solucionar el estado de agravamiento de las condiciones de detención denunciadas y constatadas en el habeas corpus y controlar el cumplimiento de la sentencia.

Entre las medidas que se tomaron, se destacan el requerimiento al Servicio Penitenciario de información relevante para conocer el estado de ejecución de la sentencia, la fijación del cronograma de reuniones y la inclusión como invitado especial de la mesa, en las próximas reuniones, a la Asociación “Zainuco”, organismo local de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se solicitó, entre otras cosas, dar capacitación de resolución de conflictos entre internos a través de la mediación, para disminuir la violencia a ese nivel, y capacitaciones para prevenir la tortura y malos tratos al personal penitenciario, para disminuir la violencia Institucional.

El equipo de trabajo está integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, la Procuración Penitenciaria de la Nación, funcionarios de la Dirección de la Unidad 9, de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y del Ministerio de Justicia de la Nación, y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales.

En la primera reunión participaron, por el Ministerio Público Fiscal, la fiscal federal María Cristina Beute y la prosecretaria Ángeles Andrada, y por el Ministerio Público de la Defensa, el defensor ad-hoc Pablo Matkovic. También estuvieron presentes funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de los organismos del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Justicia de la Nación.

Los integrantes de la Mesa acordaron celebrar la próxima reunión el 9 de octubre, en la que participará la Procuraduría contra la Violencia Institucional.

El proyecto

De acuerdo con el proyecto de intervención que se había remitido al juez por los representantes de la Mesa de Dialogo, en ese ámbito se "evaluarán, debatirán, controlarán y —en su caso— consensuarán" los puntos principales de la sentencia del juez Villanueva que hizo lugar a la acción: el “plan edilicio de reforma integral”; “los medios necesarios para reducir la violencia institucional y de violencia entre internos”; e “implementar un sistema de monitoreo eficaz en todas las áreas y dependencias donde permanezcan o transiten los internos”.

El plan también incluye “relocalizar al personal penitenciario que se encuentre con procesamiento firme por delitos contra la libertad individual; la presentación de un “protocolo con pautas que garanticen el control de calidad y cantidad de alimentación que actualmente reciben los internos alojados en la Prisión Regional del Sur (U.9); y políticas para “dar cumplimiento estricto a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la ONU, de permitir el acceso al patio exterior de todos los internos allí alojados, por lo menos una hora diaria todos los días de la semana, salvo condiciones climáticas adversas”.

También se previeron “arbitrar los medios necesarios a través del Área de Salud, para dispensar a los internos la atención médica necesaria, de acuerdo con las historias clínicas obrantes en la institución, así como también proveer en tiempo y forma de la medicación e insumos según corresponda para cada caso”; y medidas para garantizar a los “internos en situación de Resguardo de Integridad Física –RIF-, Resguardo Diferenciado –RD- o Sancionados”.