El titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°3, Axel López, ordenó el traslado al complejo penitenciario federal de Ezeiza de dos internos que fueron torturados en la Unidad 7 del Chaco, Prisión Regional del Norte, luego del pedido urgente que le hiciera la defensa pública de las víctimas y el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba.

En el oficio remitido esta mañana al juez, el fiscal indicó que los internos fueron víctimas "de golpes de puño, patadas y bastonazos hasta su reducción a cuerpos inertes" por parte del personal penitenciario y que uno de los presos, además, fue abusado sexualmente. El fiscal también remitió el pedido al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

"La primera de las medidas que aparecen de urgente adopción es el traslado inmediato de ambas víctimas al Complejo Penitenciario Federal n° 1 de Ezeiza", indicó el fiscal Córdoba en el oficio remitido esta mañana al juez López. Además, le pidió que adicione "toda medida protectoria necesaria para evitar nuevos hechos como los descriptos".

Córdoba indicó al juez que "por tratarse de casos de graves violaciones de derechos humanos aparece necesaria y urgente la adopción de medidas de protección y asistencia de ambos detenidos, en su carácter de víctimas de hechos cuyas secuelas resultan de imposible reparación, agravados por el encierro, que ha dado el contexto para los hechos, pero que no resulta un límite para la jurisdicción". En ese sentido, explicó al juez, que esa "es la condición que reclama a las autoridades judiciales una mayor diligencia y efectividad en las resoluciones que se adopten".

Los hechos de violencia ejercidos contra FMC y MC fueron cometidos entre el 10 y el 12 de junio pasado y denunciados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Las víctimas fueron separadas por el Servicio Penitenciario Federal y enviadas a penales de Formosa y Roque Sáenz Peña, Chaco, lo cual no permitió que pudieran entrevistarse con el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky.

En el caso intervinieron rápidamente los fiscales federales del Chaco Diego Vigay y Carlos Amad, quienes lograron constatar las lesiones sufridas por las víctimas y poner en conocimiento el juez  Skidelsky y a los fiscales de Formosa, Horacio Francisco Rodríguez, y de Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserry.

El traslado a Ezeiza de las víctimas -requerido por ellas mismas- encuentra fundamento en que tienen a sus familiares más cercanos en esa zona del Gran Buenos Aires. El titular de la Procuvin destacó la dificultad que representa para ellos "afrontar las consecuencias de estas graves violaciones a los derechos a más de 1000 kilómetros del lugar donde están radicados sus entornos y afectos, (y) la consecuente incomunicación e imposibilidad de tomar contacto personal en momentos críticos".

A ese cuadro, añadió el fiscal, se suma que la pareja de FMC acaba de perder un embarazo de cinco meses, "episodio que en toda persona genera angustia y necesidad de acompañamiento. La privación de ello, no puede incluirse en disposición alguna que se pretenda legal, por lo cual, cabe tomar en cuenta dicha circunstancia, en adición a las precedentes".

Córdoba fue enfático en indicar que los internos "han sido objeto de las conductas más graves que puedan consumarse sobre ellas, y luego de ser víctimas de torturas, humillaciones, destrozo de su integridad psíquica y física; además ser brutalmente agredidos sin posibilidad siquiera de tomar contacto con autoridades judiciales a las que peticionar y ejercer sus derechos como víctimas de delitos cometidos por funcionarios públicos, se le adiciona la exposición continua a nuevos hechos por parte de agentes que siguen ejerciendo sobre ellos la custodia y el control de cada aspecto de su vida, circunstancia que ya fue aprovechada por sus victimarios para ejecutar sobre ellos los hechos reseñados".

En ese sentido, el titular de la Procuvin señaló que la medida solicitada -y receptada y ordenada rápidamente por el juez López- "contribuirá, aunque mínimamente, a que ambas víctimas reciban contención por parte de sus entornos de afectos y a la vez posibilitaría alguna asistencia profesional por parte de instituciones abocadas a ellos, como por ejemplo oficinas y programas de asistencia a víctimas de delitos".