El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, solicitó que sean llamados a prestar declaración indagatoria los agentes de la Policía Metropolitana Marcos Ezequiel Chiesa y Jose Guillermo Varela, a quienes acusó del delito de torturas. Señaló que los tormentos se habrían realizado cuando ambos oficiales detuvieron a un joven cartonero el 4 de abril pasado, cerca de la medianoche, en las inmediaciones de la Av. Almancio Alcorta y Beazley, en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Durante el procedimiento, y luego de haber sido esposado, los policías imputados sujetaron al joven y lo empujaron contra el móvil policial, “golpeando su cabeza contra el ventilete trasero del lado izquierdo con semejante fuerza que provocó el estallido del vidrio”, señaló el fiscal general. Como consecuencia de esta agresión y otros golpes que surgen de la declaración testimonial que prestó el damnificado, el hombre “sufrió numerosas lesiones que se encuentran constatadas en los informes médicos agregados” a la causa.

En el acta de detención, los policías habían manifestado que las lesiones se las había infligido la propia víctima. Sin embargo, sobre este punto, Palazzani indicó que “debe ponerse de resalto quiénes son los investigados aquí, que no se trata sino de los funcionarios de una fuerza policial, quienes en general sirven de auxiliares al Poder Judicial y Ministerio Público, y que a menudo son los responsables de la documentación de distintas circunstancias, medidas de prueba y actas, que automáticamente se constituye en una ‘versión confiable’ para los operadores judiciales”.

“Contra esta versión, se encuentra la que sostienen aquellos que, además de pertenecer a un sector social de mayor vulnerabilidad y preferente selección por parte del sistema penal, se encuentran acusados de un hecho que motivó la actuación policial”, dijo el fiscal general, y agregó: la “versión confiable” que “aporta la fuerza de seguridad no es la única manifestación de esta relación de asimetría estructural que también se patentiza en el dominio de los medios de prueba, inicialmente siempre a cargo de la fuerza, y que puede también torcerla o adecuarla a sus intereses investigativos o al objetivo de garantizar la impunidad de actos arbitrarios o delictivos”.

Por eso, el titular de la Procuvin destacó que “resulta fundamental que el proceso sea abordado a partir de la hipótesis planteada por el damnificado, ya que no existen razones que habiliten a restarle valor mecánicamente por su mera contradicción con una versión distinta introducida por los agentes de la fuerza de seguridad”.

Palazzani explicó que en el curso de la investigación se habían recabado elementos probatorios que resultan suficientes para tener por acreditado el estado de sospecha “en cuanto a la existencia de una conducta delictiva llevada a cabo por personal integrante de la Policía Metropolitana”. De esta manera, resaltó que esta investigación por torturas tuvo origen en los propios testimonios extraídos en el marco de la causa contra el joven detenido, por el hecho de haber dañado el ventilete trasero del móvil policial.

Esa causa se había abierto simplemente por las declaraciones del oficial Chiesa. Sin embargo, en la indagatoria que se le tomó, el joven lesionado había indicado que “fue el personal policial quien una vez que le colocó las esposas lo arrojó contra el vidrio del patrullero provocando que el mismo estallara”.

Ya en la causa contra los oficiales, el joven volvió a declarar, pero ahora en calidad de testigo. En esta oportunidad, expresó sobre los policías: “Me agarran y me tiran patadas, me tiran al piso, me ponen las esposas y me levantan del suelo. En ese momento eran dos policías. Me levantan fuerte, gritándome ‘dale, dale subí’ y ahí fue cuando me golpearon la cabeza contra el vidrio de la ventanilla trasera que está ubicada con posterioridad a la puerta de atrás. Esto estando amarrocado. Me hicieron levantar y me hicieron correr hasta estallar mi cabeza contra ese vidrio”.

A raíz de esto, Palazzani destacó que la declaración del imputado Chiesa originó la primera causa contra el joven por daños al patrullero, “constituye un elemento de significante valor probatorio en la presente investigación a fin de comprobar la hipótesis que guía la presente, en cuanto la improbabilidad de que el vidrio del patrullero haya sido dañado en la forma en que lo describe, roza el absurdo y no puede más que reputársela de falsa”.

En este sentido, el titular de la Procuvin remarcó que “resulta absolutamente inverosímil, contrario a las reglas de lógica y del sentido común y la experiencia, suponer que una persona que se encuentra detenida, esposada y bajo custodia policial, pueda romper intencionadamente de un cabezazo la ventana del automóvil […]. Supone ante todo que el damnificado cuenta con una fuerza sobrenatural, y por otro lado, que no es capaz de dirimir el riesgo que ello implicaría para su integridad”.

“En cambio -añadió el representante del MPF- sí es factible que el vidrio se haya roto de la forma en que lo describe el damnificado, ya que tenía sus brazos esposados por la espalda, lo sujetaron haciéndolo correr hacia el móvil y lo empujaron finalmente con fuerza hacia el ventilete, lo que supone un impacto de mucha mayor potencia al que puede perpetrar una persona por sus propios medios”.

El fiscal general indicó, entonces, que existían “elementos de convicción para tener por acreditado el estado de sospecha sobre la comisión del delito [de torturas] que se atribuye a los imputados”. Sobre el final, además, solicitó una serie de medidas precautorias para que la investigación pueda avanzar con éxito.