La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer la nueva Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), que tendrá entre sus objetivos principales profundizar la investigación de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y el personal de institutos de encierro. Fue en un acto que tuvo lugar por la tarde en el auditorio de la Procuración General, al que asistieron magistrados, funcionarios y representantes de la sociedad civil.

Junto a la Procuradora General estuvieron el fiscal Abel Córdoba -titular del nuevo organismo-, Horacio Verbitsky - periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales-, y Leonardo Grosso -diputado nacional e impulsor de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

Al iniciar su exposición, Gils Carbó señaló que una de las características principales del fenómeno de la violencia institucional es que “impacta perversamente en personas de gran vulnerabilidad”. Con respecto a la respuesta judicial frente a este tipo de criminalidad, aseveró que las estructuras judiciales “a veces parecen naturalizar estas prácticas autoritarias y se muestran reticentes a desarrollar acciones que conduzcan al esclarecimiento y a la punibilidad de los responsables". Por eso, consideró que la creación de la PROCUVIN significa un paso adelante para aplicar políticas necesarias para erradicar este tipo de delitos.

“Debemos proporcionar un abordaje integral para esta problemática, promoviendo también medidas de protección para las víctimas y testigos”, concluyó Gils Carbó.

Por su parte, el fiscal Abel Córdoba, que podrá intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos en los que tenga competencia el organismo, manifestó su satisfacción de participar “en una etapa histórica del Ministerio Público". Y enfatizó que “lo que está en juego con la creación de esta Procuraduría es un principio jurídico universal: el de una justicia aplicable a todas las personas".

A su turno, Leonardo Grosso dijo que las víctimas de la violencia policial “son los pibes pobres de las grandes ciudades de nuestro país". También se refirió a las violaciones de derechos humanso que se cometen en lugares de encierro y remarcó que la "violencia institucional en las cárceles se traslada al conjunto de la sociedad".

Finalmente, Verbitsky expresó que “la creación de la Procuraduría es un mensaje institucional muy fuerte” y pidió trabajar sobre “la relación entre los fiscales y las fuerzas de seguridad, porque si no es la policía la que termina definiendo la política criminal”.

“No podemos amparar el paradigma de la demagogia punitiva, debemos romper los consensos para enfrentar está problemática”, dijo.

Cabe señalar que la PROCUVIN tendrá dos ámbitos de acción: las instituciones de encierro (cárceles del Servicio Penitenciario Federal, comisarías, institutos psquiátricos y de menores, ya sea estatales o privados) y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria). Tendrá facultades para recibir denuncias, promover investigaciones, actuar como apoyo en expedientes judiciales concretos y actuar en coordinación con organizaciones especializadas.