El fiscal Guillermo Pérez de la Fuente solicitó penas de tres y cuatro años para nueve policías imputados por lesiones, vejaciones y apremios en perjuicio de dos jóvenes que el 25 de noviembre de 2008 tenían 17 y 19 años. Al concluir su alegato, encuadró la causa como un caso de violencia institucional "por parte de quienes deben protegernos". El representante del Ministerio Público, quien contó con la colaboración de la Procuvin, aseguró que durante el debate quedó probado que el subinspector Luis Guido Vázquez; el sargento José Luis Amaya, y el cabo 1° Marcelo Alejandro Romero fueron quienes dispararon, contra dos jóvenes que se trasladaban en moto por no detenerse a un control policial.

Además, se pudo establecer que fue uno de los disparos de Amaya el que impactó en la pierna de una de las víctimas y le causó una fractura expuesta. Por ese motivo, pidió que se lo condene a cuatro años y ochos meses de prisión por el delito de lesiones graves agravadas por abuso de sus funciones y por el uso de armas de fuego. En cambio, solicitó tres años en suspenso para Vázquez y Romero.

Pérez de la Fuente señaló que contrariamente a lo que declararon los acusados, no dispararon para repeler o defenderse ya que los adolescentes estaban desarmados. El fiscal agregó que tampoco es cierto que apuntaron a la moto sino que lo hicieron a los ocupantes ya que los cuerpos tapaban la carrocería, lo que hace "prácticamente imposible apuntar e impactar en la moto sin lesionar a sus tripulantes".

Al mismo tiempo, consideró que no había pruebas contundentes contra el cabo 1° Benigno Marcelino Nuñez ya que él negó haber disparado y sus compañeros, que sí aceptaron haberlo hecho, dijeron no haberlo visto, ni tampoco las pericias balísticas aportaron alguna prueba que demostraran lo contrario.

Por otra parte, el fiscal también aseguró que pudo esclarecerse que quienes golpearon y amenazaron a los adolescentes luego de que fueron detenidos tras chocar contra un taxi en la esquina de Avenida Santa Fe y Salguero fueron el cabo 1° Nicolás Germán Femenias; el agente Raúl Horacio Medina, y los sargentos Martín Eduardo Pérez y Martín Eduardo Orellana, para quienes solicitó la pena de tres años en suspenso por vejaciones y apremios ilegales. En tanto, para la subinspectora María Agustina Canalicchio y el subcomisario Fernando Loielo solicitó la misma pena por no haber evitado las torturas que sus subordinados infligieron a las víctimas, y por lo tanto los encontró coautores de esos mismos delitos.

La responsabilidad que les atribuyó tanto a Canalicchio Hidalgo, en su carácter de oficial a cargo del procedimiento, como al subcomisario Loielo, quien era el de máxima autoridad jerárquica en el lugar, es que no impidieron o interrumpieron los golpes. Todos los policías ya habían sido pasados a disponibilidad en 2010.

Disparos, persecución y golpiza

El 25 de noviembre de 2008, dos motociclistas no se detuvieron ante la orden aparentemente emitida por el subinspector Vázquez, el sargento Amaya y los cabos 1° Romero y Nuñez. Entonces, los uniformados dispararon sus armas que impactaron en el radiador, en el arco superior del ojo izquierdo del sargento Amaya y en la pierna izquierda de una de las víctimas.

Pese a los disparos, el ciclomotor continuó su marcha y se alejó del lugar. Fue perseguido por el patrullero 1253 de la Comisaría 53 hasta la esquina de Santa Fe y Salguero donde la moto chocó contra otros dos autos. Allí, los policías Femenias y Medina tiraron al suelo a los jóvenes, los esposaron boca abajo y los golpearon, patearon y les dieron bastonazos en la cabeza y en el cuerpo.

Uno de los uniformados apretó contra el piso uno de los motociclistas, quien tenía la pierna fracturada por un balazo. Mientras tanto, al otro detenido le apretaron los genitales y lo golpearon con bastones y patadas en todo el cuerpo. Durante la golpiza, llegaron al lugar y se sumaron a la golpiza los agentes Pérez y Orellana y la subinspectora Canalicchio Hidalgo (quien se hizo cargo del operativo) y el subcomisario Loielo.