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Como primeras diligencias, la fiscalía dispuso medidas de rescate de las personas desaparecidas. En ese marco, se coordinaron acciones conjuntas con fuerzas de seguridad nacionales y de Bolivia, tanto por tierra como por aire.

Fue a pedido de la fiscalía, que presentó pruebas sobre la influencia del ex intendente de Aguaray en los testigos. La investigación sigue con la recepción de más declaraciones testimoniales.

El fiscal federal Ricardo Toranzos formalizó la acusación contra los imputados, acusados de cobrar en dos ocasiones el subsidio pese a que su función pública se los impedía.

Acuerdo pleno mediante, la Sede Fiscal Descentralizada de Orán logró que un imputado por propagación del Covid-19 done materiales e insumos médicos por 30 mil pesos y cuatro horas semanales de trabajo por un año.

Habría contagiado a ocho personas entre familiares y amigos. El caso está a cargo del fiscal federal José Luis Bruno quien solicitó se mantenga la prisión domiciliaria del acusado y un plazo de investigación de 30 días.

Además, y a pedido de la Fiscalía Federal de Orán, se ordenó la captura de dos sospechosos y la acumulación de una tercera causa remitida por la justicia provincial, entre otras medidas en torno a una investigación por presunta desafectación de bienes del Estado Nacional.