Los fiscales Camuña y Rovira solicitaron al máximo tribunal penal que revierta el criterio del juez de instrucción y de la Cámara Federal local de no convocar a la ex presidenta y a tres militares. Recurrieron además la negativa a perseguir el delito de robo y las prisiones domiciliarias.

Los jueces hicieron lugar parcialmente al pedido de la fiscalía, que además había requerido extender la acusación a un total de 23 imputados por casos de robo, privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios. Las víctimas de los delitos sexuales fueron tres prisioneras de centros clandestinos ...

La defensa pública había pedido la nulidad de lo actuado por los fiscales, basada en el fallo de la Corte que invalidó la designación de una procuradora fiscal subrogante. El tribunal rechazó el planteo y valoró la figura de los ad hoc como parte de la política criminal.