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Cinco personas están acusadas de haber utilizado en beneficio propio las instalaciones y equipamientos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas, mientras que una sexta, por haber ocultado computadoras y teléfonos celulares de una de las involucradas en la causa.

Así se expidieron los jueces Ricardo Basilico, Adrián Grunberg, José Antonio Michilini. La medida comprende a nueve funcionarias y funcionarios públicos y a nueve empresarios y empresarias.

Es en el marco de una investigación seguida contra la médica por utilizar las instalaciones, insumos, tecnología y recursos humanos de la Unidad Asistencial para realizar estudios patológicos encargados por un laboratorio privado de su propiedad, ubicado en la localidad de Pilar.

Así lo requirió la Fiscalía, que solicitó además la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Es a fin de determinar si hubo maniobras irregulares en perjuicio de las arcas del Estado Nacional en la obra vial de pavimentación de la traza.

Lo dispuso, por mayoría, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue a raíz de un recurso interpuesto por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo propios los argumentos del fiscal Abraldes y ordenó continuar con la investigación. El hombre está acusado, junto a otras dos personas, de frustrar inspecciones municipales a cambio de dinero.

Se trata de Juan Alberto Cerisola, a quien se lo investiga por irregularidades en contrataciones de la Universidad y el desvío de fondos millonarios por parte de las autoridades a partir de aportes de una empresa minera. La solicitud del fiscal Federal Carlos Brito también incluye a otros cuatro ...