Se trata de un hombre y una mujer, respecto de los cuales se dictó la prisión preventiva. Además, se dispuso el embargo del predio donde se veneraba a San La Muerte.

El documento, titulado “La trata de personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”, es una actualización de los lineamientos publicados en el año 2011.

Así lo dispuso la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. La fiscal general Gabriela Baigún, en línea con lo solicitado en el recurso de casación presentado por su par Eduardo Villalba, entendió que existieron elementos suficientes para imputar a la acusada el delito de trata de personas.

La medida, de carácter sorpresivo, fue realizada por los fiscales generales José Villalba y Francisco Snopek. El objetivo principal fue verificar la posible existencia de delitos cometidos por parte del personal penitenciario, que habían sido denunciados por abusos contra los detenidos.