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Se trata de Liliana Raquel Aurehhuliu, cuya participación en una serie de operaciones inmobiliarias es investigada por posible lavado. A pesar de que la relación matrimonial concluyó en 2008, “lo cierto es que el vínculo patrimonial no se habría interrumpido”, explicó el representante del MPF.

Se trata de productos para tratar el cáncer adulterados y falsificados, que tenían por finalidad ser vendidos a farmacias, droguerías y obras sociales. Algunos debían ser entregados a los pacientes de manera gratuita, pero eran ingresados ilegalmente al mercado.