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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso continuar la pesquisa, en base a lo planteado por el fiscal. El uniformado había sido sumariado y separado de la fuerza, como represalia por haber presentado la denuncia.

El organismo, que forma parte del MPF y está dedicado a investigar casos de corrupción e irregularidades administrativas, recurrió a la Corte Suprema para apelar resoluciones del Poder Judicial que pretendían obligarlo a pagar la tasa de justicia como si fuera un litigante particular.

Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, tras hacer lugar a los recursos extraordinarios presentados por el Fiscal de Investigaciones Administrativas y uno de los fiscales de Casación.