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Los fiscales Camuña y Rovira solicitaron al máximo tribunal penal que revierta el criterio del juez de instrucción y de la Cámara Federal local de no convocar a la ex presidenta y a tres militares. Recurrieron además la negativa a perseguir el delito de robo y las prisiones domiciliarias.

La defensa pública había pedido la nulidad de lo actuado por los fiscales, basada en el fallo de la Corte que invalidó la designación de una procuradora fiscal subrogante. El tribunal rechazó el planteo y valoró la figura de los ad hoc como parte de la política criminal.