El procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y la ministra consejera, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Abigail Dressel, firmaron hoy el documento del proyecto “Control de sustancias químicas, interdicción de drogas ilícitas y respuesta de la justicia penal al narcotráfico y la corrupción asociada en Argentina”, en el Salón Auditorio de la Procuración General de la Nación, ubicada en la calle Teniente General Perón 667, en el microcentro porteño.

La asistencia técnica internacional, brindada por el equipo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, según sus siglas en inglés), en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad y el apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos, llevará adelante un trabajo interinstitucional con miras a fortalecer las capacidades en materia de lucha contra el narcotráfico y el control de las nuevas sustancias químicas psicoactivas y los precursores químicos.

Este trabajo parte de las dificultades y desafíos que se plantean a partir de la aparición de nuevas sustancias psicoactivas tanto en la investigación, como desde el punto de vista legal, y también abordará otros fenómenos estrechamente asociados al narcotráfico, como la corrupción, el lavado de activos y el uso de las tecnologías de la información, los entornos digitales y los criptoactivos para la comercialización de drogas, armas y todo tipo de tráfico ilícito.

En sus palabras de apertura, el procurador general recalcó que, más allá de sus metas y resultados particulares, en definitiva, este proyecto apunta a un objetivo general, alineado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de reducir significativamente la delincuencia organizada, promover sociedades pacíficas, más justas e inclusivas, buscando que las instituciones estatales sean más efectivas y eficaces en sus tareas.

En ese sentido, Casal destacó el trabajo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que cumple diez años: “Trabajan junto a los fiscales de todo el país con su especialidad y sus recursos para lograr una persecución más efectiva y un trabajo coordinado desde el Ministerio Público y también mediante las acciones conjuntas y la coordinación con los ministerios públicos provinciales y los organismos de seguridad”.

La mesa de apertura y la presentación del proyecto estuvo moderada por el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias. Formaron parte la representante regional de la UNODC para la región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica Lara. Además participaron del encuentro altos mandatarios de diversas fuerzas de seguridad, jueces y fiscales nacionales.

El procurador también puso énfasis en que “es muy importante no limitarnos a un enfoque particular de un fenómeno aislado. Por el contrario, es importante recordar que, cuando nos referimos a “narcocriminalidad”, no sólo se incluye la actividad principal que es el tráfico ilícito de drogas, sino también todos aquellos delitos conexos propios de estas estructuras. Nos referimos, por ejemplo, al lavado de activos, a los delitos violentos y -muy especialmente- a la corrupción asociada”.

Sobre este último punto, remarcó que “es sabido que una de las características distintivas de la narcocriminalidad es su capacidad corruptora y la intervención de funcionarios públicos corruptos que ayudan para facilitar y concretar esta actividad, o bien, para encubrirla”. Asimismo subrayó que: “son numerosos los casos que muestran que la corrupción asociada al tráfico de drogas ha aparecido en los distintos niveles del Estado: las fuerzas de seguridad, aduaneros, funcionarios políticos e incluso dentro de la justicia".

Por último, Casal recalcó que desde el Ministerio Público Fiscal se celebra y apoya el proyecto de corto y mediano plazo, que se lanzó hoy y que se desarrollará en los próximos tres años, con distintas actividades de capacitación, intercambios de experiencias, buenas prácticas y desarrollo tecnológico para incrementar las capacidades de todos los agentes del Estado y diseñar acciones para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas y de precursores químicos, de manera conjunta con la corrupción asociada a la narcocriminalidad. Luego de este lanzamiento formal, el proyecto se iniciará con un taller especializado, durante el 28 y el 29 de marzo, enfocado en la producción de estupefacientes, incluyendo las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas, las sustancias químicas y los precursores químicos, que contará con la presencia de destacados disertantes del ámbito local como internacional.

Tras las presentaciones y la firma del documento, tuvo lugar una disertación acerca de las tendencias y desafíos actuales del tráfico ilícito de drogas sintéticas y el desvío de precursores químicos, a cargo del director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián y exdirector de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional de Chile y del Observatorio del Narcotráfico de Chile, Luis Toledo, que contó con la presentación del coordinador del programa, Luis Ignacio García Sigman.

Finalmente, las palabras de cierre estuvieron a cargo de la secretaria de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, María Celeste Braga Beatove, de la Agregada Política, responsable de los programas de INL de la Embajada de los Estados Unidos, Jessica Kuhn, del coordinador García Sigman y del secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Olima Espel.