El fiscal del Área de Transición de la Unidad Fiscal Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó el juicio oral para una pareja acusada de comercializar mercadería proveniente de la República del Paraguay y, con el dinero obtenido, adquirir automóviles, motocicletas e inmuebles, invertir en criptoactivos y realizar viajes. Además, obtenían facturas apócrifas para simular el origen lícito de los productos.

Los acusados son Braian José Obregón (30) y Agostina Antonella Vargas Vispo (28), quienes están imputados como coautores del delito de encubrimiento de contrabando de mercaderías valuadas en 209.493.079,81 pesos y lavado de activos, ambos agravados por su habitualidad.

En la investigación, a pedido de la fiscalía, también colaboró la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernada Bergalli, que se abocó al análisis de las billeteras virtuales y la trazabilidad de los criptoactivos.

El caso

La causa se inició en 2025, a partir de un informe remitido por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía de la provincia de Chaco, que daba cuenta de una nota periodística donde se señalaba a Obregón como un “empresario chaqueño”, dueño de un local de venta de aparatos electrónicos y teléfonos celulares, y que habría adquirido un automóvil BMW de “un llamativo color violeta”, al tiempo que mostraba viajes al exterior y otros bienes de lujo.

Así, el fiscal Sabadini inició una investigación preliminar ante las posibles maniobras de lavado de activos originados en la venta de dispositivos electrónicos provenientes desde Paraguay, sin el correspondiente aval aduanero. También, en el devenir de pesquisa, se constató que en los locales comerciales de los imputados se podía abonar la mercadería con criptoactivos.

El requerimiento señala que, en ese contexto, surgió que Obregón comenzó su actividad “trayendo teléfonos celulares de a tres a cuatro unidades desde la República del Paraguay para luego revenderlos en esta ciudad, ofreciéndolos a través de sus redes sociales”. Con el transcurso del tiempo, puso un local comercial en la capital chaqueña, donde vende teléfonos celulares, notebooks y accesorios, todos los cuales carecían de oblea de importación, lo que evidenciaba que “dichos productos ingresarían al país sin el correspondiente aval aduanero, producto del contrabando de importación”.

También, se constató que los productos se ofertaban a un valor muy inferior al del mercado y que se podían abonar con “efectivo, transferencias, cryptos, (la plataforma de pagos) PayPal y tarjetas de crédito”.

Sabadini concluyó que “de acuerdo al perfil fiscal y económico registrado por los encartados, el patrimonio adquirido, la adquisición y mejoras realizadas en inmuebles que serían de su propiedad, como así el goce del dinero para el disfrute de vacaciones y el alto nivel de vida, podrían cristalizar la aplicación y puesta en circulación de ganancias espurias provenientes de las actividades ilícitas investigadas, en orden al delito de lavado de dinero”.

Oportunamente, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a otros organismos públicos respecto del patrimonio y movimientos migratorios de Obregón y Vargas Vispo, de los que surgió que tenían tres inmuebles, dos de los cuales fueron remodelados o seguían en obra.

También poseían una camioneta RAM 1500 Laramie 4x4 2019, una motocicleta Zanella Styler 150 RT 2020, otra moto Yamaha NMAX Connected 2024, un BMW cupé 2025 y una lancha con casco Pampa Marine 520 y motor Yamaha 40HP, denominada “Los Ansiosos”.

Además, se determinó que habían incorporado a su patrimonio otros vehículos que habrían vendido a la fecha del informe: Peugeot 208 (2016), Toyota Etios (2023), Mercedes Benz A200 (2017), Audi A1 (2014), Honda Civic (2017), y las motocicletas Honda CB500F (2018), CBR300RA (2018), XRE300 (2018) y NC 750 XA (2019). Asimismo, se estableció que la pareja utilizaba otros vehículos que estarían a nombre de otras personas o a la venta: un Volkswagen Polo Trend MSI (2022) y tres camionetas 4x4 Volkswagen Amarok V6 Highline (2021), una Toyota Hilux SRV (2025) y Ford Ranger XLS (2023).

Por otra parte, el informe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la policía chaqueña señaló que “estas personas pertenecen a un alto nivel socioeconómico, ya que a través de sus perfiles en redes sociales se los observó celebrando la adquisición y haciendo uso de varios bienes registrables como ser: vehículos, motocicletas, lanchas, realizar la construcción de su casa con piscina y además realizar numerosos viajes junto a su familia a destinos turísticos del exterior”, como República Dominicana, Brasil y Colombia. También habían hecho viajes por el país a Bariloche, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Imputación

El fiscal Sabadini les atribuyó a Obregón y a Vargas Vispo haber introducido en el mercado fondos de origen ilícito, provenientes del delito de encubrimiento de contrabando de mercaderías. Para ello, la pareja habría incorporado “a su patrimonio numerosos bienes muebles registrables -vehículos y una embarcación- bienes inmuebles con realización de mejoras edilicias, y otros activos a nombre propio”.

La fiscalía también destacó “las groseras incongruencias detectadas en los perfiles e información fiscal remitida por ARCA respecto de los Sres. Obregón y Vargas Vispo, de las que surgen la utilización de facturaciones presuntamente apócrifas”, para dotar de apariencia legal la adquisición espuria de los bienes producto del contrabando y “el exorbitante movimiento económico y patrimonial registrado por los mismos”.

Los allanamientos

En virtud de las pruebas recabadas, la fiscalía solicitó al juzgado una serie de allanamientos en las viviendas y locales de la pareja, en los que se incautaron teléfonos celulares; equipos electrónicos; indumentaria, calzado y artículos deportivos; lencería, insumos y juguetes sexuales; dinero en efectivo; facturas de compra en locales de Paraguay y otra documentación de interés para la investigación.

De acuerdo a la estimación efectuada hace seis meses por la ARCA, la mercadería incautada tenía un valor de 209.493.079,81 pesos.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Obregón y Vargas Vispo “habrían pergeñados maniobras tendientes a poner en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes del delito de encubrimiento de contrabando (artículo 874 inc. d del Código Aduanero) con la intención de que adquieran apariencia de licitud

También, al allanarse el domicilio de la contadora de Obregón, se corroboró la utilización de facturas presuntamente apócrifas para “justificar formalmente la adquisición de mercadería en infracción a la ley 22.415 logrando así neutralizar la posición de Impuesto al Valor Agregado (IVA), reducir la carga impositiva y, simultáneamente, otorgar una fachada de legalidad a la inyección de fondos de presunto origen ilícito en el circuito económico formal”.

En agosto de 2025, la jueza indagó a la pareja y procesó a Obregón —con prisión preventiva— y a Vargas Vispo por el delito imputado por el MPF.

A juicio

Ahora, si bien restan los resultados de algunos peritajes, el fiscal Sabadini consideró que debía avanzarse y elevar a juicio la investigación.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Obregón y Vargas Vispo “habrían pergeñados maniobras tendientes a poner en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes del delito de encubrimiento de contrabando (artículo 874 inc. d del Código Aduanero) con la intención de que adquieran apariencia de licitud, a partir de la cuales materializaron la obtención de siderales sumas de dinero de origen espurio”.

“Este esquema, así como la recepción de facturas por montos millonarios de contribuyentes declarados como ‘no confiables’, habría sido utilizado posteriormente para introducir el enorme caudal de dinero ilícito a la economía formal, mediante la realización de una multiplicidad de actos económicos y financieros complejos y heterogéneos, generando en consecuencia un gran incremento patrimonial en las personas físicas investigadas que no encuentra razonable justificación en otros ingresos lícitos, según se desprende de los hechos analizados a lo largo del presente requerimiento”, sostuvo el fiscal.

Remarcó que “la puesta en circulación en el mercado legal, se evidencia en la conversión de pesos a USDT (y viceversa), las transferencias realizadas mediante TRC-20 y Binance Pay y la posterior aplicación en bienes registrables, inmuebles, mejoras edilicias y gastos de explotación” y agregó que era importante señalar “que los encartados no registraron ingresos o actividades económicas lícitas que les permitan justificar razonablemente la adquisición de los bienes y activos constatados en el marco de la presente investigación”.

Finalmente, Sabadini concluyó que “queda en evidencia que, de acuerdo al perfil fiscal y económico registrado por los encartados, el patrimonio adquirido, la adquisición y mejoras realizadas en inmuebles que serían de su propiedad, como así el goce del dinero para el disfrute de vacaciones y el alto nivel de vida, podrían cristalizar la aplicación y puesta en circulación de ganancias espurias provenientes de las actividades ilícitas investigadas, en orden al delito de lavado de dinero”.