La Fiscalía Nº 6 en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de Federico Delgado, advirtió que una causa por violencia de género y posible trata de personas demoró casi dos años en ser remitida desde la justicia provincial de La Matanza porque el expediente estuvo “traspapelado”.

El fiscal federal Delgado envió un escrito al presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, Ricardo Héctor Cabrera, para poner en su conocimiento que el Juzgado de Garantías n° 3 de esa jurisdicción dispuso remitir el caso a la justicia federal porteña el 11 de abril de 2014, diligencia que no concretó hasta el 3 de febrero de este año. La causa se originó en esa localidad bonaerense cuando una mujer –con identidad reservada- denunció una serie de hechos de violencia de género sostenida en el tiempo por parte de su entonces concubino contra ella y sus hijos.

Pero además de esos hechos, la víctima narró que en un periodo de separación de la pareja, debido a la gran necesidad económica, ingresó al circuito de prostitución en un departamento ubicado frente a la Plaza Once, en la Capital Federal. Allí, dos mujeres regenteaban el lugar y se quedaban con el 50 porciento de los “pases”. Tras 7 meses y cuando se disponía a dejar la actividad, se reconcilió con el hombre. A partir de ese momento, el denunciado comenzó a hacer averiguaciones para conocer cuánto dinero había obtenido la mujer durante el tiempo en que había ejercido la prostitución y la forzó a seguir trabajando en el departamento contra su voluntad; en ese contexto fue que comenzó a sugerirle nuevos lugares donde la paga era mayor, para luego quedarse con todo el dinero obtenido. Desde entonces pasó por distintos departamentos -en los barrios de Balvanera, San Nicolás y Flores-, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La mujer denunció que en todos los casos era su concubino quien actuaba como intermediario entre los distintos “jefes” de la denunciante, tras lo que se quedaba con los ingresos percibidos. La justicia provincial dispuso, todavía en 2014, su remisión a la Capital Federal porque era donde están ubicados los mencionados “privados”.

Detenciones y nueva investigación

Tras esa presentación y la prolongada demora, la denuncia llegó a la fiscalía a cargo de Delgado el 4 de marzo de este año. La dependencia del Ministerio Público Fiscal certificó que las personas identificadas por la víctima como regenteadoras y recepcionistas del departamento privado ubicado en la zona de Once fueron detenidas en julio de 2014, junto a otros tres hombres que hacían a veces de taxistas, en una causa que tramita en la justicia federal. Ese lugar, conocido como “17F”, dejó de funcionar.

Por otra parte, se ordenó una serie de diligencias para avanzar en la investigación de los otros lugares en los que fue obligada a trabajar la mujer, que pertenecerían todos al mismo dueño. Esa pesquisa fue delegada en la fiscalía por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ° 7.