En su presentación ante la Cámara de Casación Penal la defensa de la condenada sostuvo que la sentencia del tribunal era arbitraria por falta de fundamentación en cuanto a la participación que se le atribuyó a la mujer, Dina Mirta Meriles Obando.

El abogado defensor también solicitó la nulidad de los informes y actuaciones realizados por los profesionales del Centro de Atención Integral de Niñez, Adolescencia y Familia (CAINAF). El representante legal consideró que nunca se anotició a “la defensa de la realización del informe psicológico” sobre las víctimas, y que tal práctica debió haberse realizado dentro de la Cámara Gessell, y no con la participación de un psicólogo especialista de menores.

Al respecto, el fiscal de casación Javier De Luca dictaminó que los informes producidos por las psicólogas fueron entrevistas que se realizaron a los fines de contener a los niños y de brindarles ayuda psicológica, teniendo en cuenta la situación que estaban viviendo. De Luca se pronunció en línea con el juez de la causa, quien había considerado “que no hubo necesidad de tomarles declaración testimonial a los menores en la Cámara Gessell”.

Respecto a la valoración de la prueba, que la defensa calificó de arbitraria, el fiscal de casación opinó que los elementos recogidos en la investigación fueron valorados de acuerdo a las reglas que “gobiernan la sana crítica” y concluyó que el hecho y la responsabilidad de la acusada fueron acreditados.

En virtud de ello, el representante del Ministerio Público postuló el rechazo del recurso interpuesto por la defensa,  y consideró que la conducta de la imputada encuadra en el delito de trata de personas menores y mayores de edad dentro del territorio del país, mediando engaños y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas con fines de explotación.

Por otro lado, el fiscal consideró procedente el decomiso de la camioneta utilizada por la acusada, que sirvió para trasladar a los menores desde la localidad de Fraile Pintado (Jujuy) hasta la finca donde las víctimas eran sometidas a explotación laboral y malas condiciones de higiene y alimenticias.

El caso

El 19 de mayo de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy tuvo por acreditado que una de las víctimas, menores de edad, llegó a una finca ubicada en el Paraje denominado Sauce Gaucho de la Localidad de Santa Clara,  Departamento de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.

El niño se presentó semidesnudo, llorando y refirió haber sido agredido físicamente con golpes de cinto por el arrendatario de una finca vecina, Lidio Sánchez Lara.

En ese lugar desde donde provenía el niño residía Meriles Obando, y según las entrevistas a varios vecinos, allí se encontraban menores de edad, de nacionalidad boliviana, indocumentados, que eran obligados a trabajar en condiciones insalubres en las plantaciones de hortalizas, sin retribución, proporcionándoles únicamente vivienda y comida.

Los niños habrían sido recogidos de varias ciudades de Bolivia, algunos obligados, otros engañados con promesas de trabajo. Les retuvieron su documentación identificatoria y fueron trasladados de forma clandestina, comprobó el tribunal.

El traslado de los niños se hacía en camionetas con destino la finca donde residía la acusada.

Meriles Obando fue arrestada durante un allanamiento en el establecimiento, donde se encontró a niños trabajando en circunstancias inhumanas, condiciones mínimas de alimentación, higiene y alojamiento. El arrendatario del lugar, Lido Sánchez Lara, se dio a la fuga.

Las víctimas menores de edad fueron alojadas en la “Casa Pastoral de la Iglesia Católica de Santa Clara” a cargo del padre Andrés Abraham. Luego fueron entregadas a las autoridades bolivianas, con la presencia de la cónsul argentina en Potosí y el consentimiento del Defensor de Menores, a efectos de realizar el traslado y restitución a sus familias de origen en Bolivia.