El fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 5, apeló la decisión del  juez Claudio Bonadío, quien se había declarado incompetente para intervenir en una causa en la que se investigan conductas que podrían llegar a encuadrarse en el delito de trata de personas. Se trata de un domicilio ubicado en el barrio porteño de Villa Luro, en el que se ofrecerían servicios sexuales de dos mujeres de nacionalidad extranjera. La encargada del lugar les habría cobrado un canon de 3000 pesos.

Para Gómez Barbella, la decisión de Bonadío fue “prematura”, porque todavía restan por llevarse adelante distintas medidas de prueba, como el informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas. Además, refirió la importancia de la justicia federal en la investigación de estos casos.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró "que de las actividades detectadas en el domicilio investigado no debería descartarse que podría configurar per se conductas compatibles son el delito de trata de personas”, por ello es que solicitó al juez Bonadío continúe con la investigación y no la derive a la justicia nacional.

El juez federal había resuelto apartarse "por no advertir la presencia de conductas que habiliten el fuero de excepción”. Para Bonadío los hechos que se investigan no constituyen el delito de trata de personas debido a que las mujeres no se encontrarían en situación de vulnerabilidad y no fueron forzadas a ejercer la actividad.