Tres integrantes de una banda que ofrecía diferentes servicios ilícitos que permitían sortear los controles de aptitud a la visa de ingreso a los Estados Unidos de América o para gestionar ciudadanías extranjeras en otras sedes diplomáticas fueron condenados a 5, 4 y 3 años de prisión por el delito de asociación ilícita.

Certificados de matrimonio inventados, acompañamiento a las entrevistas en la sede diplomática por parte de personas que se hacían pasar por la pareja del aspirante a la visa, registros apócrifos como trabajadores autónomos en bases de datos fiscales, confección de recibos de sueldo por trabajos nunca realizados y de resúmenes de cuentas bancarias, y elaboración de escrituras de dominio para acreditar falsamente la propiedad de inmuebles fueron parte de las maniobras que los miembros de la organización reconocieron en el acuerdo de juicio abreviado al que arribó el 3 de diciembre pasado el fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Hernán Schapiro, con el defensor particular de los tres acusados.

Ese tribunal, con la intervención unipersonal de la jueza subrogante María Gabriela López Iñíguez, homologó el acuerdo el 11 de febrero pasado e impuso 5 años de prisión a Miguel Ángel Segovia, de 73 años, considerado jefe de la organización. En tanto, condenó como integrantes de la asociación ilícita a Maximiliano Emanuel Rodríguez (36) y a Hernán Javier Verón (35), quienes recibieron 4 y 3 años de prisión, respectivamente.

La pena también incluyó el decomiso de dinero en efectivo por más de 612 mil pesos y poco más de 10 mil dólares –que fueron depositados en cuentas del Banco Nación tras su secuestro en los procedimientos que desbarataron el funcionamiento de la banda en abril de 2022–, contadoras de billetes, teléfonos celulares, computadoras y tres vehículos: un Hyundai Veloster, un Volkswagen T-Cross y un Toyota Yaris.

La investigación llegó a la etapa de juicio solo por el delito de asociación ilícita. La pesquisa fue realizada por el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Sergio Mola, a partir de una denuncia formulada por el representante legal de la Embajada de EE. UU. en Argentina. Un segundo tramo del caso continúa actualmente en la fase de instrucción sobre los delitos relacionados a la falsificación de documentos y sellos, con el que eventualmente los acusados podrían sumar una nueva condena.

De acuerdo con la acusación, la organización funcionó al menos entre junio de 2020 y el 20 de abril de 2022, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres sujetos en diferentes allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires.

Según se pudo determinar a partir de la intervención de los teléfonos de los ahora condenados, las tarifas por los servicios ilícitos llegaban hasta los 10 mil dólares por persona.

“Vas a ir como un empresario a presentarte”

En la acusación, el fiscal Schapiro reprodujo diferentes diálogos entre los acusados y sus clientes. En una conversación mantenida el 7 de septiembre de 2021, Segovia le explica a su interlocutor, de nacionalidad boliviana, en qué constan los servicios que ofrece para que sepa todo lo que incluye la tarifa que debe abonarle a cambio:

• Le dice que para que tenga éxito en el trámite necesita un título de propiedad, dado que “siempre piden qué patrimonio tenés acá en la Argentina”, y añade: “Los escribanos míos te van a venir hacer un título a tu nombre”.
• Le explica que necesita inscribirlo ante la AFIP y que luego de que le den la visa lo darían de baja “porque si no quedás comprometido con la AFIP y todos los meses hay que pagar un canon” (sic).
• “¿Por qué se hace eso? Porque vos no te vas a presentar como un empleado, vos te vas a presentar como que vos tenés tu propia empresa. Y vas a tener empleados a tu cargo, ganar unos 300 o 400 mil pesos por mes. Y todo eso puede ser verificado perfectamente por la Embajada con respecto a todo eso con AFIP. Al tener vos un número de CUIT, entran la clave fiscal directamente y investigan todo por intermedio de AFIP. Entonces eso tiene que estar perfectamente armado para que la información que le dé AFIP sea perfecta y que no haya ningún tipo de problema”, le explica.
• Segovia le pregunta a su interlocutor cuántos años tiene –el sujeto contesta “28”– y le explica entonces que “más o menos vas a estar cinco años operando con tu empresa”. De esa forma, le da a entender que eso es lo que figuraría en los documentos que se generarían a partir de su intervención.
• Le aclara luego: “Vos no te vas a ir [a realizar el trámite] como monotributista, vos vas a ir como autónomo, que es un escalón más alto que un monotributista, porque un autónomo puede ser empleador”.

Los números de IP de las conexiones para iniciar el trámite en línea se repetían entre los clientes de la organización. Foto: M. Pellón/Fiscales.gob.ar

En otra conversación del 24 de diciembre de 2021, Segovia le explica al mismo interlocutor –quien le dice que es inquilino– que para aspirar a la visa tiene que “ser propietario” y le dice: “Eso es lo que yo te voy a hacer ser. Vos vas a ser propietario”. Luego le pregunta al cliente si tiene “una cuenta en el banco con millones de pesos” y, ante la respuesta negativa, le dice: “Y bueno, eso también te lo hago”. El interlocutor le dice que trabaja “en negro” y Segovia le promete: “Es más, vas a ir como un empresario a presentarte, que ganás mucha plata”.

En otro diálogo con una aspirante a la visa estadounidense, registrado el 30 de junio de 2021, Segovia hace referencia a un “acompañante”, es decir, a la persona que se presentará como su marido, y le anuncia: “Ya tengo el muchacho que va a ir contigo también a pedir tu visa”. Le adelanta que la semana siguiente se lo va a presentar, “así ya se conocen”, le dice que va a ir “super preparada a la entrevista” y que está “contento” porque “este muchacho es un muchacho despierto”, con “mucha actitud”.

Una oficina en el barrio porteño de Flores

La denuncia que dio inicio al caso fue formulada por la Embajada de EE. UU. el 9 de septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora. En la presentación se indicó que en junio de ese año un migrante procedente de la Argentina fue interrogado en el aeropuerto JFK de Nueva York por “inconsistencias detectadas en su documentación, lo que derivó en la realización de controles más exhaustivos”.

En ese contexto, el hombre “manifestó espontáneamente que un sujeto llamado 'Miguel' –luego identificado como Miguel Ángel Segovia– le había proporcionado documentación apócrifa (falsas declaraciones bancarias, títulos de propiedad falsos y un certificado de casamiento igualmente espurio), todo ello por la suma de USD 10.000, con el fin de reunir los requisitos exigidos para obtener la visa de ingreso a los Estados Unidos”, precisó la sentencia.

Durante la investigación logró determinarse que Segovia operaba desde una oficina ubicada en la calle Coronel Esteban Bonorino al 500, en el barrio porteño de Flores, donde funcionaba la firma “Human Tours SRL” –que integraban como socios los tres condenados– y un estudio contable.

En los allanamientos a esa oficina y a los domicilios de los acusados se incautaron pasaportes y documentación vinculada con las maniobras, como certificados de matrimonio completos y en blanco con idéntica numeración, documentos de identidad y sellos apócrifos con denominaciones de registros públicos.

La interceptación de comunicaciones y los análisis forenses de los teléfonos secuestrados permitieron acceder a información sobre el “reclutamiento de acompañantes”, tal como los miembros de la organización denominaban a quienes se hacían pasar por parejas de los/as aspirantes y se presentaban con la documentación apócrifa y un libreto a seguir en las entrevistas que la sede diplomática realiza para verificar los requisitos en el trámite otorgamiento de la visa.

Además, se verificaron puntos en común en las maniobras de posibles clientes de Segovia: los formularios DS160, cuya confección se realiza en línea para iniciar el trámite de solicitud de la visa, repetían las mismas direcciones IP. También se advirtieron los mismos formatos en la construcción de los correos electrónicos de contacto declarados por los/as aspirantes, generalmente con un nombre y un año o el nombre de la empresa y el año. En efecto, en una de las conversaciones interceptadas a los condenados, Rodríguez le pide a Verón que le diga qué código le informó Google a su teléfono para validar un nuevo correo electrónico, dado que él no puede ingresar su número telefónico para la creación de una nueva dirección: “Me dice que el mío ya fue usado demasiadas veces, no me lo toma”, le explica.

En otra conversación del 18 de enero de 2022, Rodríguez le pide a Verón que busque un “modelo” de resumen de cuenta bancaria a la brevedad, dado que tenían que presentarlo para el trámite de una clienta en la Embajada de España. Le sugiere que busque uno que ya habían presentado en otros trámites ante la Embajada de México.

El cuadro probatorio también incluyó los registros de cámaras de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza y de cercanías de la sede diplomática, en los que se verificó la presencia de los vehículos –ahora decomisados– en los que condenados contactaban a los aspirantes en la terminal aérea e incluso trasladaban a los/as “acompañantes” a las entrevistas.