La responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, Estela Andrades, requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, la elevación a juicio de la investigación seguida contra cuatro hombres y una mujer, en orden al delito de explotación de la prostitución agravada por haberse cometido con abuso de una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo al requerimiento de la fiscalía, los acusados habrían montado e integrado –desde el año 2012 hasta el 26 de diciembre de 2017, fecha en que fueron allanados varios de los domicilios investigados- una estructura destinada a explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de otras mujeres, para lo cual habrían estructurado una red de prostíbulos cuyas actividades se desarrollaban en distintos departamentos privados, donde las víctimas ofertaban servicios sexuales, a través de distintas páginas web donde se publicaban sus teléfonos de contacto. Las mujeres recibían un porcentaje de lo recaudado, mientras que el resto quedaba para los imputados, quienes promovían su prostitución.

Cuatro de los departamentos –que funcionaban en la calle Uruguay al 800- eran propiedad de un abogado, quien los alquilaba a otro de los imputados que, a su vez, los subarrendaba a las mujeres para que se prostituyeran allí. Éste, además, tenía un departamento en la calle Tte. Gral. Perón al 1100 y le alquilaba otro inmueble –ubicado en Uruguay al 100- a otro imputado, para que su pareja se prostituyera allí, mientras que él realizaba producciones pornográficas en el lugar y administraba diversos sitios web, donde comercializaba tal contenido y ofrecía los servicios sexuales de otras mujeres. Asimismo, otro de los imputados y su pareja, están acusados de regentear dos departamentos ubicados en la calle Uruguay al 800 y al 900.

Tras una serie de tareas investigativas –que incluyeron escuchas telefónicas y tareas de campo- el 26 de diciembre de 2017, se dispuso el allanamiento simultáneo de los inmuebles investigados, se detuvo a los cinco implicados y se secuestró documentación y objetos de interés para la pesquisa.

En base a las pruebas colectadas se pudo establecer que en los departamentos ubicados en Uruguay al 100 y al 900, Viamonte al 1600, Tte. Gral. Perón al 1100 y Paraná al 400, había mujeres –en condición de vulnerabilidad- que ejercían la prostitución. Además, se determinó que uno de los imputados era quien organizaba y regenteaba los prostíbulos y se encargada de “cobrar a 27 departamentos” más, mantenía contacto frecuente –telefónico y personal- con las meretrices y con otro de los imputados –propietario de los departamentos utilizados para la actividad prostibularia-, y contactaba al personal técnico para hacer reparaciones y compras generales para los inmuebles.

También, uno de los hombres y la mujer imputados estaban diariamente en los inmuebles allanados y se ocupaban de las cuestiones organizativas tales como la compra de suministros, el reclutamiento de nuevas mujeres, la asignación del personal que ocuparía cada departamento en cada jornada y las instrucciones que debían obedecer las mujeres.

En virtud de todo ello, la fiscal Andrades requirió que los cinco imputados sean sometidos a juicio oral y público como coautores del delito de explotación de la prostitución agravada por haberse cometido con abuso de una situación de vulnerabilidad. Asimismo, y respecto de uno de los hombres, también se requirió que su conducta fuera agravada por haberse cometido el hecho contra una víctima conviviente.