El titular Fiscalía Nacional de Instrucción N° 24, Sandro Abraldes, y la fiscal ad-hoc Nuria de Ansó solicitaron que se indague al ex titular de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, por su participación en la ejecución del desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, donde dos personas fallecieron y, al menos, cinco resultaron heridas, a causa de la represión policial.

El requerimiento de los fiscales tiene su génesis en los dichos vertidos por el superintendente (r) de Seguridad Metropolitana, Miguel Ángel Ciancio, en su indagatoria del pasado 12 de diciembre. Allí, Ciancio manifestó haber estado con Burzaco en el Centro de Monitoreo y Control -que funciona en el sexto piso del Ministerio de Seguridad de la C.A.B.A.- durante el desalojo del parque.

Asimismo, Ciancio indicó que, aquel día, estuvieron en comunicación Palavecino y Lompizano, responsables -por parte de la Policía Federal- en el operativo. Sobre esto, la fiscalía sostuvo que incumbía a “ambas fuerzas el diseño del procedimiento de todos los aspectos inherentes a la seguridad pública”.

En el pedido de indagatoria, elevado a la titular del Juzgado Nacional de Instrucción N°47, Mónica Berdión de Crudo, Abraldes y de Ansó sostuvieron que “las falencias en la conducción y dominio del procedimiento resultan igualmente atribuibles al entonces jefe Burzaco, en cuanto a que también a él le correspondía extremar los recaudos, no sólo por rus condición de máxima autoridad de la fuerza, sino por la injerencia directa verificada en el control de la actuación policial”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal también señalaron que la posición de Burzaco, frente a las muertes de Rosemarie Chura Puña y Bernardo Salgueiro, y a las lesiones sufridas por otras cinco personas durante el desalojo, se deriva del artículo 35° de la Ley de Seguridad Pública N° 2894, y de la Orden del día Interna N°184 de la Policía Federal Argentina, de fecha 2 de octubre de 2006.

De los testimonios y pruebas colectadas en la investigación, los fiscales concluyeron que “pesaba sobre Burzaco no sólo la obligación general de no dañar bienes jurídicos ajenos, sino la de realizar las prestaciones positivas a modo de barrera de contención para evitar que terceros dañaran el bien jurídico”, por lo que solicitaron que fuera citado a prestar declaración indagatoria.

Por otra parte, los fiscales continúan investigando la compra de proyectiles de plomo para la fuerza que comandaba Burzaco, negada, con insistencia, institucionalmente.