El fiscal federal Ramiro González instó la acción penal a partir de una denuncia del agente de la ex Secretaría de Inteligencia Nicolás Gastón Mercado, en la que aseguró haber sido amenazado y privado de la libertad por dos presuntos integrantes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Mercado había sido denunciado en febrero del año pasado junto a Antonio Stiuso y Alejandro Patricio por la todavía denominada SI -luego reconvertida en la AFI- por su presunta participación en el retiro de mercaderías contrabandeadas, lo que originó una investigación que se lleva a cabo ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3. En el marco de ese expediente, en el que fue imputado, el agente refirió “una serie de amenazas que habría recibido por parte de distintos funcionarios públicos”. Los dichos de Mercado fueron extraídos y dieron origen a una nueva causa.

El agente indicó en su descargo que en enero de 2015 concurrió a la “sede de Contra Inteligencia” donde se desempeñaba. El espía agregó: “Fui abordado por quien dijo llamarse Darío Amador Galván, perteneciente a la Secretaría General de la Presidencia (…) y me empezó a interrogar de cómo era la operatoria laboral que se me había encomendado”. Asimismo, añadió que fue privado de su libertad  e interrogado bajo amenazas de muerte. Ello se habría reiterado el “jueves 12 de febrero de 2015”, ocasión en la que Galván se encontraba acompañado por Hugo Serpa, según indicó el agente. “Por primera vez dieron a conocer la real intención de los apremios psicológicos, amenazas de muerte y privación de mi libertad, tendientes a que bajo la excusa de que había una cuestión de Estado en las operatorias de la ex SIDE y Aduana por contrabandos, debía implicar al Sr. Stiuso o me implicarían a mí”, aseguró.

Extraído el testimonio, el fiscal federal Ramiro González formuló el requerimiento de instrucción el pasado 15 de febrero de 2016, instando la acción penal ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. En su dictamen, en el que fueron imputados Galván y Serpa -identificados como “presuntos funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”- solicitó la producción de más de una docena de medidas de prueba.