El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6 ordenó ayer, durante el juicio oral, la detención de Juan Carlos Salazar Nina y de su esposa, Remedios Flores Alarcón, quienes están siendo juzgados -junto a otras nueve personas- por el delito de reducción a la servidumbre, y de aprovechamiento de la condición de migrante ilegal para obtener un beneficio económico en el funcionamiento de talleres textiles clandestinos. Los acusados habían sido excarcelados en el año 2005 por el juez de instrucción.

La medida fue adoptada por los jueces del tribunal a pedido del fiscal de juicio, Horacio Azzolin. El fiscal fundó su petición en las diversas amenazas que han sufrido a lo largo del proceso – especialmente durante el transcurso de la semana pasada- algunos de los testigos, que deben declarar en el debate, que tenían reservada su identidad hasta el inicio del juicio.

Según Horacio Azzolin, las amenazas que habrían sufrido los testigos podían llegar a influir en su ánimo al tiempo de declarar, y ello implicaba una obstaculización al desarrollo del debate, por lo que habilitaba a proceder a la detención, de acuerdo con el artículo 366 del Código Procesal Penal, que prevé que "el tribunal podrá ordenar su detención, aunque esté en libertad provisional, para asegurar la realización del juicio".

El pedido del fiscal se realizó luego de que una testigo declarara haber sufrido amenazas reiteradas por parte del imputado y su esposa, y que manifestara temer por su integridad física, a partir de lo declarado en la audiencia.

Tras un cuarto intermedio, durante el cual los imputados permanecieron con custodia policial, el tribunal comunicó la decisión, pasadas las 15.00, y efectivizó, la detención en ese mismo momento de Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores Alarcón. Los imputados fueron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

La audiencia se reanudó y se extendió hasta las 19.30, ocasión en la que se escuchó a otros dos testigos que habían trabajado en el taller regenteado por Salazar Nina y Flores Alarcón. Contaron cómo fueron captados en Bolivia, traídos a Argentina con promesas de trabajo en condiciones que luego no se cumplieron, y detallaron los padecimientos que ellos y sus hijos menores sufrieron durante los seis meses en los que trabajaron para los imputados (extensa jornada de trabajo, retención de documentos de identidad, falta de alimentación suficiente para ellos y sus niños, pésimas condiciones de alojamiento y aseo, constantes amenazas).

También relataron cómo fueron amenazados en numerosas ocasiones, especialmente la semana pasada, cuando ya habían sido convocados a prestar declaración en el debate, y su identidad (hasta ese momento reservada) había sido dada a conocer.

Los nombrados fueron asistidos por la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación –cuyos funcionarios asistieron a la audiencia- y el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.

La audiencia se reanudará hoy y está previsto que declaren más testigos de identidad reservada que habrían trabajado en el taller de los imputados.