El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó el pasado 8 de septiembre al agente de la Policía Federal Argentina Javier Carrazana a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para desempeñar funciones públicas por cuatro, en coincidencia con lo postulado en el alegato de la fiscal general Mónica Cuñarro, por las vejaciones y lesiones leves causadas a un vecino cuando llegaba a su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.

Los jueces Alberto Huarte Petite, Martín Vázquez Acuña y Gabriel Vega tuvieron por acreditado que en la noche del 15 de junio de 2013, Carrazana, mientras cumplía con la vigilancia de la Embajada de Gran Bretaña, detuvo, pidió documentos y lesionó a un vecino abogado de la zona, que llegaba a su hogar. La víctima volvía de una cena: tras descender de un taxi, se agachó entre dos vehículos porque estaba descompuesto. El policía se acercó a exigirle los documentos e insultarlo, además de golpearlo con su arma reglamentaria en el pecho. La situación -que se extendió durante alrededor de cuarenta minutos- fue advertida por una vecina, que llamó al 911. Entretanto, la mujer apreció que el ahora condenado “daba vuelta y hablaba, vociferaba, como si tuviera auditorio” y decía frases como “me chupa un huevo que seas abogado”, a diferencia de la víctima que “hablaba en voz baja y tratando de apaciguar al policía”.

La llamada motivó que se acercaran al lugar más de tres patrulleros y unos nueve uniformados, quienes en un primer momento intentaron convencer a la vecina de una versión exculpatoria y disuadir al damnificado, sin perjuicio de lo cual realizaron la denuncia. La Fiscalía de Instrucción llevó adelante la pesquisa, requiriendo la declaración de testigos y solicitando las filmaciones de las cámaras de la Embajada; en ese sentido, enmarcó la conducta del imputado en la figura del delito de apremios ilegales.

En la etapa de debate oral y público, Cuñarro coincidió con la calificación legal sostenida en el requerimiento de elevación a juicio, al considerar que el uniformado no tenía un legítimo derecho a detener, pedir documentación ni interpelar al damnificado, e indicó además que, excediéndose en todas sus facultades, no sólo incumplió con su deber de protección como funcionario público, sino que puso en peligro al vecino al extraer su arma y golpearlo. Sumado a ello, la fiscal general valoró que el imputado, al intentar disuadir a la testigo, demostró que tenía conocimiento del error en su accionar.

Finalmente, la Fiscalía de juicio pidió la extracción de testimonios en relación a uno de los miembros de la fuerza que llegó al lugar en un móvil de la comisaría, en tanto en su declaración por videoconferencia se apreció que “su selectiva memoria tenía como único fin abonar la versión exculpatoria de su ex colega y hoy condenado”.