Varios meses de investigación culminaron ayer en una audiencia de formalización de investigación penal, cuando el fiscal federal Eduardo José Villalba junto a su par de la UFINAR provincial, Santiago López Soto, imputaron a seis detenidos por el delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de personas intervinientes, quienes quedaron detenidas con prisión preventiva.

La imputación, realizada ante la jueza federal de garantías Mariela Giménez, recayó sobre Silvana Beatriz Tejada; su padre, Jorge Raúl Tejada; Lidia Aranda Mancilla; Marcos Albino; Vanesa Albino y Diego Fuentes, quienes fueron detenidos a raíz de la investigación.

Al presentar el caso, Villalba resaltó la importancia de la audiencia, tanto por el resultado de la investigación, que permitió desarticular una red de transporte de drogas a escala y con claro destino al sur del país, como así también por el matiz inédito del caso en materia jurídica.

El fiscal federal señaló que se trata del primer caso en el que se arriba a la audiencia junto a un fiscal provincial como resultado de una tarea conjunta entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA y la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad Salta (UFINAR). La actividad se formalizó a través de un convenio que dio paso a la formación de un equipo de investigación, tal como lo ordena el Código Procesal Penal Federal en su artículo 123.

“Si bien es cierto que ya existe una muy buena relación de cooperación con los operadores de la UFINAR en el entrecruzamiento de información, en este caso las circunstancias dieron paso a formalizar el trabajo, puesto que ambos estábamos tras los pasos de una misma organización”, sostuvo Villalba, al presentar a López Soto, fiscal de la UFINAR.

La cabeza visible en ambas investigaciones fue Lidia Aranda Mancilla, cuyos pasos eran seguidos por la PROCUNAR NOA y la UFINAR. La unión de ambas fiscalías permitió conocer con amplitud el accionar de una organización que se dedicaba al transporte de estupefacientes en escala, con punto de partida en Orán.

En el marco de la pesquisa se logró identificar a otros componentes de la organización y activar otras medidas de prueba, entre ellas intervenciones telefónicas que ya estaban en marcha, tanto en el orden federal como provincial en torno a los principales acusados.

Acompañado por la auxiliar fiscal Mariana Gamba, de la PROCUNAR NOA, Villalba resaltó: “Pudimos investigar en tiempo real a una parte de los imputados, quienes el 31 de octubre pretendían llegar a Tucumán con una carga de cinco kilos y doscientos gramos de cocaína”.

La carga fue interceptada en un procedimiento realizado en la ruta 68, a la altura de la localidad de Talapampa. Estaba oculta en la rueda de auxilio de una Ford Eco Sport.

La investigación

El 27 de octubre se pudo establecer que Marcos Albino habría transportado la droga desde Orán a Salta en su vehículo mientras su madre, Aranda Mansilla, y su medio hermano, Diego Fuentes, oficiaron de “punteros” para alertar sobre los controles de las fuerzas de seguridad.

Al arribar a la capital salteña, el estupefaciente fue recibido por Vanesa Albino, para luego, el 1° de noviembre, retomar el transporte de la carga con destino a Tucumán. Esta etapa estuvo a cargo de Jorge Tejada, su hija Silvana y Aranda Mansilla.

La carga fue interceptada en un procedimiento realizado en la ruta 68, a la altura de la localidad de Talapampa, cuando se detuvo el automóvil Ford Eco Sport, conducido por Tejada y en el que viajaban su hija, Silvana y Aranda Mansilla. “La droga iba oculta en la rueda de auxilio”, indicó el fiscal.

En materia de pruebas, Villalba mencionó las intervenciones telefónicas y las actas de requisa, informes y declaraciones de los preventores, testigos civiles, entre otros. Explicó que las diligencias fueron requeridas al juez de Garantía de turno, Julio Bavio, quien autorizó los procedimientos que derivaron en la detención de los acusados.

“Se trata de una organización criminal con serios antecedentes penales en este tipo de delitos, por lo que vamos a solicitar la prisión preventiva de los acusados basados no sólo en la fuerte contundencia probatoria reunida sino porque surge con claridad que al final del proceso, la pena que podría recaer en los imputados no será de orden condicional”, sostuvo Villalba.

Villalba puso de relieve que la investigación demandó varios meses, tanto en el orden federal como provincial: “No fue casual la detención de los acusados, sino el resultado de una compleja investigación que aún se encuentra en marcha”.

“Debo agregar que, en vista de los antecedentes y la proclive conducta delictual de los acusados, éstos podrían tratar de eludir la acción de la justicia, o bien, insistir en el delito. La imputación se encuentra acreditada y surge de manera contundente”, fundó el fiscal el pedido de prisión preventiva.

La unión de ambas fiscalías permitió conocer con amplitud el accionar de una organización que se dedicaba al transporte de estupefacientes en escala, con punto de partida en Orán.

Una organización con antecedentes

Para sostener el requerimiento, Villalba informó en la audiencia que Aranda Mansilla registra en su planilla de antecedentes una causa por amenazas en el Juzgado de Garantías 5, del 3 de enero de 2011, como así también otra acusación por delito de microtráfico de estupefacientes en el Juzgado de Garantías 4, del 2 de agosto de 2014.

Marcos Albino, hijo de Aranda Mansilla, en tanto, fue condenado el 19 de marzo de 2017 a 4 años de prisión por el delito de transporte de estupefaciente. Sobre este acusado, Villalba señaló que el 20 de mayo de 2019 accedió a la libertad condicional, por lo que cometió este nuevo hecho en ese marco.

En cuanto a Vanesa Albino, reveló que el 2 de febrero de 2020 había terminado de cumplir una condena de 5 años y 6 meses por almacenamiento de estupefacientes, mientras Jorge Tejada también registra una condena por tenencia con fines de comercialización, dictada el 24 de enero 2013 por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta.

Su hija, Silvana Tejada, se encuentra con prisión domiciliaria en una causa por secuestro extorsivo, que se tramita en el Juzgado de Garantías 8 de la justicia provincial. Asimismo, registra un pedido de detención del Tribunal Oral Federal de Tucumán, que data del 7 de diciembre de 2012.

En virtud de la envergadura del caso, el fiscal federal solicitó un plazo de investigación de sesenta días y que se autoricen una serie de medidas de prueba pendientes, entre ellas los peritajes a los teléfonos secuestrados a los acusados en los diversos allanamientos.

La acción de la fiscalía provincial

A fin de fundamentar el caso, el fiscal López Soto, de la UFINAR, reveló que las actuaciones se iniciaron en mayo pasado. “Todo surgió a partir de una requisa en la Unidad carcelaria 1 del penal de Villas Las Rosas, circunstancias en que se detectó una importante cantidad de estupefaciente en la celda de Ramiro Tejerina, quien es objeto de una investigación procesal en la justicia provincial”, explicó.

Precisó que luego de varios meses de investigación bajo la intervención de la jueza de Garantías 8, quien autorizó varias intervenciones telefónicas, se pudo avanzar en dos hipótesis claras: una involucraba a la venta de droga dentro del penal y la segunda en la zona de Bajo, en la capital salteña.

López Soto señaló que producto de esas pesquisas el 29 de octubre surgieron los nombres de Lidia Aranda Mansilla y Silvana Tejada como integrantes de esta organización. Las evidencias, a su vez, daban cuenta de un accionar delictivo de mayor porte, como el transporte de estupefaciente, con lo cual se excedía la posibilidad de mantener la competencia penal en el caso.

“En vista de ello se hicieron los contactos con la PROCUNAR NOA, a cargo del fiscal Villalba, a quien informamos sobre la investigación en torno a Aranda Mansilla y Tejada, quienes estaban en la preparación de un hecho de transporte de estupefacientes”, agregó.

“Ambos organismos investigábamos a la mismas personas, por lo que se celebró el convenio respectivo y con intervención de la jueza Puertas, en la órbita provincial, se realizaron cuatro allanamientos, uno de ellos en la Unidad Carcelaria 1, lo que permitió identificar a dos internos y un efectivo del Servicio Penitenciario de la Provincia en la venta de drogas dentro del penal”, detalló. En otros tres allanamientos realizados en otros domicilios de la ciudad se logró el secuestro de dos kilos de cocaína y un kilo de marihuana.

La jueza resaltó la “envergadura del delito” y el daño producido sobre el bien jurídico protegido, en este caso la salud pública.

Prisiones preventivas

A su turno, el abogado, Facundo Arnedo, defensor de Silvana tejada, Vanesa Albino y Jorge Tejada, planteó la nulidad de la imputación al aludir que no quedó claro cuál fue el rol de sus clientes en la acusación, mientras la defensora oficial, Gala Poma, en representación del resto de los acusados, propuso alternativas respecto a la medidas de coerción de uno de los defendidos.

Vanesa Albino, Jorge Tejada y su hija Silvana prestaron declaración y afirmaron ser ajenos al hecho. Adujeron padecer enfermedades crónicas y se quejaron por la presunta discriminación que sufren en vista de los antecedentes penales que poseen.

Posteriormente, y al referirse a las medidas de coerción, la defensora Poma solicitó el arresto domiciliario de Fuentes, en virtud de que carece de antecedentes y actualmente cursa estudios secundarios, mediante vía remota, lo cual fue acreditado por autoridades educativas. También señaló que con esta medida su defendido podría acompañar a un hermano menor de edad que quedó sin cuidado de un adulto.

En este sentido, la fiscalía entendió el planteo. También se mostró accesible a la situación de salud expuesta por Vanesa Albino y la necesidad de cuidar de otros menores en su familia.

Ante estos planteos, la jueza Giménez dio por formalizada la imputación penal en contra de los seis acusados por el delito requerido por la fiscalía, y confirmó su prisión preventiva. Accedió al pedido de la defensa respecto de Fuentes y Vanesa Albino, para quienes dispuso el arresto domiciliario.

Asimismo, la jueza desechó el planteo de nulidad interpuesto por el defensor Arnedo, ya que “existen indicios suficientes” en torno al caso presentado por la fiscalía. Resaltó la “envergadura del delito” y el daño producido sobre el bien jurídico protegido, en este caso la salud pública.