El martes 2 diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Eduardo Villalba, quien había solicitado revocar el sobreseimiento de cuatro  imputados en una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral en la industria del tabaco. Además, los jueces del tribunal de alzada dispusieron que la causa deje de estar en manos de la justicia provincial y pase al fuero federal, también en línea con el recurso de Villalba.

En su presentación, el fiscal entendió que no se trataba de un caso de trabajo infantil, tal como argumentó el Juzgado Federal N°2 de la provincia, sino que  existen elementos que permiten suponer que las personas fueron víctimas del delito de trata y reducción a la servidumbre.

La causa se originó por una denuncia realizada por la AFIP-DGI contra  cuatro hombres, tres de ellos acusados de ser los dueños de un campo dedicado al encañado de tabaco y el capataz del campo. El 7 de marzo, personal del organismo impositivo junto a la Policía Federal Argentina realizaron un control rutinario en el predio rural “Finca Las Pichanas”, ubicado a 19 kilómetros de la localidad de General Güemes, provincia de Salta.

En esa oportunidad, pudieron constatar la presencia de 35 trabajadores dedicados al cultivo, clasificación, encañado de tabaco, de los cuales nueve eran menores de 16 años, quienes realizaban las labores cerca de las estufas de secado. La mayoría de los 26 trabajadores mayores de 16 años no estaba registrado.

Las víctimas no contaban con ningún elemento de seguridad e higiene. Además, residían en el mismo lugar donde trabajaban y sus viviendas consistían de tres estructuras precarias carentes de ventilación, donde dormían. Cada lugar contaba con un piso de cemento, techo de chapa, cocina a leña y baño comunitario sin agua caliente. Se encontraban hacinados ya que en las habitaciones había un gran número de personas y cocinaban en el suelo con leñas.  Asimismo, en uno de esos galpones, los inspectores encontrar una sala contigua a las demás habitaciones que funcionaba como depósito de combustible, lubricantes y agroquímicos, sin ninguna medida de seguridad.

El predio no poseía elementos de primeros auxilios y se constató la presencia de chanchos y gran cantidad de insectos y roedores.

Las víctimas trabajaban jornadas de ocho horas de lunes a sábado y ganaban unos 75 centavos por caña, lo que equivale a aproximadamente 35 pesos por día y un promedio de $2000 por mes.

Durante la inspección, uno de los dueños del campo, uno de sus hermanos y el capataz resultaron detenidos.  El 11 de abril, el fiscal Villalba solicitó el procesamiento de los tres imputados  luego de considerar que había claros indicadores de que se trata de un caso de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Los acusados habrían abusado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para acogerlas y explotarlas laboralmente.

Además, el representante del MPF describió que se configuró el abuso de trabajo infantil, que el propietario tenía aislados a los padres y que se habían vulnerado los derechos humanos de las personas.

Por otro lado, el fiscal consideró que la investigación debía continuar a cargo de la justicia federal.

Sin embargo, el 18 de junio, el titular del Juzgado Federal Nº2 de Salta dispuso el sobreseimiento de los acusados y declinó la competencia de la justicia federal a favor de la provincial, ya que consideró que se trataba de un caso de trabajo infantil y no de trata para explotación laboral. El pronunciamiento fue apelado por Fiscalía.

La apelación fue concedida y se elevaron las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que sustuvo que “el sobreseimiento dictado resulta prematuro y la consecuente declaración de incompetencia realizada por el instructor, hasta tanto se agoten las medidas probatorias para descartar razonablemente la aplicación de algunas de las figuras que estuvieron en juego u otras”

Ahora, el juez de primera instancia debe tomar una nueva determinación de acuerdo a los argumentos del tribunal de alzada.