Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía General n° 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, está alegando desde las 11 en la causa donde se investiga a once imputados por explotación laboral en talleres clandestinos de costura que tenían relación comercial con la firma Kosiuko.

El fiscal comenzó su alegato haciendo un repaso del desarrollo de la causa y detalló hechos ocurridos en los diferentes talleres clandestinos, donde los acusados tenían a las víctimas trabajando en condiciones insalubres.

Explicó también que la mayoría de las víctimas contaban que sus jornadas laborales comenzaban a las 7 de la mañana y que se extendían hasta las 8 de la noche y los sábados hasta el mediodía, que comían dentro del taller clandestino y algunos alquilaban piezas dentro del taller, donde estaban hacinados y en malas condiciones higiénicas.

Azzolin aclaró que, si bien los testimonios de las víctimas eran muy importantes para la causa, "la fiscalía no se basará sólo en ello para sostener la acusación sino que servirán de marco respaldatorio a los allanamientos y demás pruebas, como fotos, filmaciones e informes de la Oficina de Migraciones".

Luego, el fiscal pasó a explicar la relación entre la empresa Kosiuko y el taller Miyagawa S.A., responsable de uno de los lugares clandestinos de costura y donde Kowseff S.A (una empresa que se encuentra a cargo de la parte comercial de la marca) tercerizaba parte de su producción.

Actualmente en la causa se encuentran con falta de mérito dictada por la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, el creador de la marca Kosiuko, Federico Bonomi, el gerente general de la firma, Marcelo Gallardo, y Aníbal Terra, presidente de Kowseff S.A, empresa que se encuentra a cargo de la parte comercial de Kosiuko.

El fiscal aclaró que "solicitarán la promoción de la investigación para los directivos", ya que las declaraciones tanto de la responsable del taller clandestino como de las víctimas son verosímiles en comparación a las contradicciones en las que entraron los encargados de la marca de ropa.

El juicio comenzó en septiembre pasado y contó con el testimonio de las víctimas, algunas de las cuales fueron amenazadas por los acusados. Esto derivó en un pedido formulado por el fiscal para concretar la detención de los imputados Juan Carlos Salazar Nina y de su esposa, Remedios Flores Alarcón, que finalmente fue concedido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6.

La investigación que llegó a juicio comenzó a raíz de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, en virtud de la presentación que hizo ante ese organismo Gustavo Vera, dirigente del comedor comunitario "La Alameda". Tanto Vera como el abogado de la Defensoría declararon en el juicio y contaron detalles sobre la situación de los talleres clandestinos.

La causa

En los requerimientos de elevación, los fiscales Federico Delgado y Jorge Di Lello hicieron una descripción de las condiciones en las cuales se encontraban las víctimas, la mayoría de ellos extranjeros, reclutados por los dueños de los talleres, quienes les habían prometido trabajo, vivienda, comida y sueldo. Pero cuando las víctimas llegaban al país, previa aclaración de que el viaje iba a ser descontado de su primer salario, se encontraban con una situación que no era la prometida.

Las jornadas laborales a las que eran sometidas las víctimas comenzaban a las siete de la mañana y concluían a las diez o doce de la noche. Solamente paraban de trabajar para comer y en reiteradas ocasiones se alojaban en el mismo taller, donde permanecían hacinados. De lunes a sábado no podían salir del lugar, ya que la puerta estaba cerrada con llave.