El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 inició este martes el debate para juzgar a once imputados por el delito de reducción a la servidumbre en talleres clandestinos de costura que tenían relación comercial con la firma Kosiuko.

El juicio comenzó con la lectura de la acusación fiscal y con las indagatorias de los procesados, quienes optaron por no declarar, tras lo cual se leyeron las declaraciones que habían brindado durante la instrucción.

El tribunal que lleva adelante el proceso está integrado por la jueza María del Carmen Roqueta y los jueces José V. Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo, e interviene el fiscal ante el TOCF N°5, Horacio Azzolin.

La causa está caratulada como reducción a la servidumbre y delito migratorio, ya que al momento de los hechos aún no se había sancionado la ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

En los requerimientos de elevación los fiscales Federico Delgado y Jorge Di Lello hicieron una descripción de las condiciones en las cuales se encontraban las víctimas, la mayoría de ellos extranjeros, reclutados por los dueños de los talleres, quienes les habían prometido trabajo, vivienda, comida y sueldo. Pero cuando las víctimas llegaban al país, previa aclaración de que el viaje iba a ser descontado de su primer salario, se encontraban con una situación que no era la prometida.

Las jornadas laborales a las que eran sometidas las víctimas comenzaban a las siete de la mañana y concluían a las diez o doce de la noche. Solamente paraban de trabajar para comer y en reiteradas ocasiones se alojaban en el mismo taller, donde permanecían hacinados. De lunes a sábado no podían salir del lugar, ya que la puerta estaba cerrada con llave.

Durante uno de los allanamientos a los centros de costura clandestinos pudieron encontrarse 18 personas mayores y 5 menores, de las cuales 13 de ellas se encontraban ilegalmente en el país, según pudo constatar personal de la Dirección Nacional de Migraciones.

La causa se inició a través la denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,  en virtud de la presentación que hiciera ante ese organismo Gustavo Vera, dirigente del comedor comunitario "La Alameda", quien advirtió sobre las irregularidades en los talleres textiles del sudoeste de la ciudad de Buenos Aires.

En la misma causa se encuentran con falta de mérito dictada por la Sala I Criminal y Correccional Federal, el creador de la marca Kosiuko, Federico Bonomi, el gerente general de la firma, Marcelo Gallardo, y Aníbal Terra, presidente de Kowseff S.A, una empresa que se encuentra a cargo de la parte comercial de Kosiuko.

Todos ellos están acusados ya que Kowseff S.A tercerizaba parte de su producción en el taller perteneciente a Miyagawa S.A., responsable de uno de los lugares clandestinos de costura.