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Se trata de un sargento primero de la Policía Federal y un cabo primero de la Policía Metropolitana. Fueron imputados en orden al delito de encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión.

El acusado había amenazado a la mujer y trató de apuñalarla. La representante del MPF también requirió que sea juzgado, junto a otro hombre, por su participación en dos robos.

La víctima había instado la acción en contra del hombre, pero luego se retractó. La fiscalía continuó el proceso, en base al dictamen de la UFEM, por las implicancias que las declaraciones de la mujer tendrían en el devenir de la investigación.

Los imputados incumplieron los deberes y recaudos de su profesión para evitar que los obreros utilizaran los elevadores que estaban siendo instalados. Podrían extender la investigación a los instaladores del ascensor y a los inspectores del GCBA.

Los fiscales participaron de un debate sobre prácticas de violencia cometidas por la Policía Metropolitana. En el encuentro, los vecinos manifestaron haber realizado varias denuncias, pero señalaron que la justicia hasta el momento nunca las impulsó.