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La fiscalía reorganizó las presentaciones realizadas en diferentes causas, reordenó los hechos e individualizó acusados. Pidió que se investigue la verdad en aquellos casos que no cuentan con imputados vivos. Describió el contexto del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976.
La organización comercializaba cereales con documentación falsa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para encubrir operaciones de compra-venta marginal de granos, utilizando para ello personas en situación de vulnerabilidad.
Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que utilizaba a personas de bajos recursos como prestanombres, de tal forma de obtener beneficios impositivos y eludir las obligaciones tributarias provenientes de la ...
Las penas van de tres a ocho años y medio de prisión, por hechos ocurridos entre febrero de 2016 y enero de 2018. La organización había sido desarticulada cuando se le secuestraron, en total, más de 77 kilos de marihuana.