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Habían recibido un año de prisión de ejecución condicional. El procurador fiscal, Eduardo Casal, tuvo en cuenta que durante el juicio no se le permitió a la defensa interrogar al principal testigo de la acusación, lo que constituyó una violación a ejercer ese derecho.

El juez Skidelsky se había declarado incompetente sin recibir declaración a dos internos con problemas de salud. El caso fue impulsado por la Procuvin, tras la inspección a la Unidad 7 a fines del mes pasado.