A seis meses de su puesta en marcha, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, creado mediante la resolución PGN 1316/14, suscrita por la Procuradora General el 23 de junio de este año, y cuyas agencias de recepción de denuncias y tramitación de demandas respecto del sistema judicial se encuentran ubicadas en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, más las flamantes experiencias en Rosario y Mar del Plata, exhibe algunos resultados que testimonian su búsqueda institucional.

El primero de ellos: la vinculación que las agencias ATAJO (por Agencia Territorial de Acceso a la Justicia) hacen con otras áreas de la Procuración General de la Nación, fiscalías especializadas, oficinas del Poder Judicial y reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras.

Estas relaciones permiten acercar a la población más infortunada del cuerpo social la multiplicidad de recursos estatales disponibles para la mejora concreta de su situación material y cultural. Así, el Programa oficia como un gran articulador estatal, puerta de ingreso para la población más vulnerable al mundo de los derechos y la inclusión social.

De igual manera, la tarea del Programa ATAJO comprende no sólo asesoramiento jurídico o tramitación de conflictos, ya sean interpersonales o colectivos, sino también la prevención de situaciones problemáticas con el sistema penal, a través de la formación y promoción de derechos. Las 46 actividades formativas realizadas en el semestre reunieron un total de 1300 participantes, que replicaron los contenidos en sus lugares de intervención.

Promoción de derechos

En tal sentido, se destacan los talleres sobre noviazgos violentos y problemáticas de género llevados adelante por el equipo ATAJO en todos los barrios donde se asientan sus oficinas, varios de ellos realizados en conjunto con el área específica del MPF, que coordina Romina Pzellinsky, y hasta con dos magistradas del Poder Judicial de la Nación, las juezas Paola Guisado y Marcela Carlomagno.

Estas actividades potenciaron, al mismo tiempo, el vínculo comunitario del Programa con las organizaciones sociales y sus referentes, de los barrios donde se desarrolla la labor cotidiana.

También se promovieron encuentros sobre derechos humanos, derecho a la salud y derecho de los jóvenes en conflicto con la ley penal, además de la organización de un festival musical en el barrio Carlos Mugica (ex villa 31 de Retiro) y un torneo de fútbol recreativo que reunió a 80 niños de entre 8 y 11 años de edad que viven en la villa del Bajo Flores.

De igual modo, se concretaron tres charlas sobre el sistema de Ingreso Democrático a la Justicia en la Casa de la Cultura de la villa 21.24, que permitieron incorporar como trabajadores del MPF a ciudadanos que viven en ese barrio, hasta entonces completamente ajenos a la población que compone el universo de empleados y empleadas del sistema judicial.

Seminarios y capacitación

Las charlas y cursos brindados por los equipos interdisciplinarios del Programa ATAJO no sólo se dieron ante la población de los barrios más deprimidos de la ciudad. En los primeros días de diciembre, los abogados coordinadores de los ATAJOS de las villas 1.11.14 y 21.24 dictaron una capacitación en aspectos jurídicos a Promotores de Salud y agentes de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). El equipo jurídico brindó información sobre procesos judiciales, derechos y obligaciones, para prevenir situaciones de agravamiento en la condición judicial de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Quizás la actividad más sistematizada y prolongada en el tiempo fue el “Seminario de Criminología Popular y Prevención de las Violencias”, realizado en la Escuela de Educación Media Nº 6 de Barracas, y organizado conjuntamente por el equipo ATAJO de la villa 21.24 y las autoridades del Bachillerato con orientación en Educación Física.

El seminario, dirigido a jóvenes de 4º y 5º años, y al que también asistieron los delegados de los cursos inferiores, se desarrolló durante dos meses, en los turnos mañana y tarde, y convocó a las siguientes áreas del MPF: especialistas de PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional), de PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 con competencia electoral, además de Julián Axat, titular del Programa ATAJO, quien dio la charla inaugural del Seminario.

Entre los logros de la intervención del Programa ATAJO se destaca el fallo dictado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que resolvió conceder la excarcelación a un joven acusado de robo de automotor, pero que podría haber sido víctima de violencia institucional. En su resolución, los camaristas impusieron, además de la caución juratoria que se fija atento la regla general del artículo 321 del CPPN, “la obligación accesoria de concurrir al Programa ATAJO a efectos de recibir el asesoramiento correspondiente a efectos de lograr la asistencia pública necesaria para superar su situación de vulnerabilidad”.

Violencia institucional

En efecto, una de las interrelaciones más dinámicas se dio con la Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo de Abel Córdoba. La PROCUVÍN no sólo participó en el Seminario de Criminología Popular, sino que mantuvo un intercambio constante ante la repetición de casos de violencia institucional y conflictos de variada índole con las fuerzas de seguridad.

De igual modo, los equipos del Programa tramitaron ante la población que se acercó a los ATAJOS la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Dirección de Orientación a la Víctima (DOVIC), ante casos de maltrato infantil; la UFIPAMI (adultos mayores de la villa 31, que pudieron acceder a beneficios previsionales absolutamente ignorados hasta entonces); y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), dependiente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que auxilió a los integrantes de una cooperativa.

Lo novedoso del Programa del MPF llamó la atención en personalidades e instituciones sociales y estatales preocupadas por la población más estigmatizada de la sociedad. Fue así que las agencias ATAJO recibieron, entre otras, las visitas de: Analía Monferrer, directora de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Fiscal General del Estado de Paraguay, Francisco Javier Díaz Verón; y diversos periodistas gráficos, radiales y televisivos, que informaron a la comunidad a través de sus soportes comunicacionales la tarea que lleva adelante el Programa creado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Ciclo radial

Asimismo, el Programa ATAJO suscribió diversos convenios marco de cooperación e intercambio con organizaciones sociales, entre cuales se destaca el firmado con la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, cuyo acuerdo permitió la creación del ciclo ATAJO Radio en la emisora de la organización humanitaria, y la práctica preprofesional de los estudiantes de abogacía próximos a obtener su título de grado en las agencias ATAJO.

Por el programa radial, de frecuencia semanal y que alcanzó doce envíos en el año que termina, pasaron referentes barriales, líderes comunitarios, legisladores nacionales, especialistas de la Procuración en problemáticas abordadas frecuentemente en los ATAJOS, y funcionarios estatales, como el Director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, y Rubén Pascolini, Secretario Nacional de Acceso al Hábitat, cuyas áreas de actuación son muy sensibles en los barrios donde se asienta el Programa del MPF.

A través de la Procuradora general se convinieron acuerdos con instituciones estatales, como los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, estos últimos a través de la Procuradora general.

Algunas estadísticas

Según precisiones de su área de estadística, el Programa ATAJO aumentó un 300 % las intervenciones entre junio, cuando inició su tarea, y el último día hábil de noviembre. Del total de consultantes que demandaron la asistencia del Programa, una amplia mayoría corresponde a mujeres (71 %).

Asimismo, del total de vecinos que se acercaron a las agencias del Programa del MPF 51 % fueron de nacionalidad argentina, mientras que el resto correspondió a personas procedentes de Bolivia, Paraguay y Perú, en ese orden, entre otras nacionalidades.

Las principales demandas recibidas en los ATAJOS fueron, en orden decreciente: familiares (problemáticas relacionadas con los regímenes de visita, alimentos, tenencia de hijos), búsqueda de información judicial (averiguaciones sobre el estado de causas o respecto de personas privadas de libertad), violencia de género, documentación, seguridad social, situación habitacional, violencia institucional, y conflictos entre vecinos.

Esas demandas motivaron diferentes tipos de intervención, siendo en su mayoría asesoramientos jurídicos, derivaciones responsables a otras dependencias estatales, articulaciones con áreas especializadas del MPF, denuncias judiciales, y contenciones psico-sociales.

Por último, entre las denuncias judiciales promovidas por ATAJO, las más numerosas fueron, también en orden decreciente: casos de violencia institucional (el 20 % de las denuncias), violencia de género (12.5%), situaciones familiares (12.5%), conflictos entre vecinos (12.5 %), usura y delitos económicos (10 %), problemas habitacionales y/u ocupacionales (7.5 %), lesiones (7.5 %), trata de personas y explotación laboral (5 %), integridad sexual (2.5 %), e infraestructura urbana y medio ambiente (2.5 %), entre las más registradas.