La Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, presentaron un proyecto de ley de alquileres para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de los inquilinos.

El proyecto recoge el consenso al que arribaron las reparticiones estatales y las organizaciones de la sociedad civil, y focaliza especialmente en las barreras de ingreso al alquiler. El documento es un aporte colectivo para generar condiciones más justas en la relación entre locador y locatario, al tiempo que busca garantizar una mayor protección estatal de los inquilinos frente al abuso del mercado inmobiliario.

Según datos oficiales, Buenos Aires es la ciudad con mayor proporción de inquilinos en todo el país: más del 35% de los hogares porteños está habitado por inquilinos, cuando quince años atrás era del 22%. El contexto de aumento de la demanda y de regulación insuficiente provoca que los inquilinos se vean obligados a someterse a condiciones abusivas y en muchos casos ilegales impuestas por las inmobiliarias y los propietarios. En otros casos, la dinámica excluyente con la que funciona este mercado tiene como consecuencia la imposibilidad de acceder al mercado de alquileres.

Los autores del proyecto buscarán el acompañamiento por parte de la totalidad de los bloques parlamentarios de la legislatura de la Ciudad, con miras a su aprobación urgente.

Entre sus principales propuestas el documento incluye la eximición total a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias y estableciendo un tope del 4,15% del monto total del contrato sobre la que se cobre a los propietarios. También contempla la creación de oficinas comunales de atención al público y certificación gratuita, informes de dominio gratuitos y un sistema de sustitución de garantías para inquilinos. Además establece que las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia, nacionalidad, religión, sexo, ocupación, composición familiar, y la exigencia de que las garantías sean de un familiar directo son “actos discriminatorios” en el marco de las leyes locales y nacionales que los sancionan (ley 5.261 y ley 23.592).

Finalmente, el proyecto de ley se propone crear una comisión interdisciplinaria entre organismos estatales y organizaciones especializadas o del sector, para la elaboración de una propuesta integral en la materia.