El Juzgado Civil N°4 del departamento judicial de La Matanza ordenó la suspensión de la orden de lanzamiento que había dictado, luego de que la Dirección General de Acceso a la Justicia pusiera en conocimiento del tribunal la situación de extrema vulnerabilidad que padecían dos familias a punto de ser desalojadas de un terreno que habitaban desde el año 2005 en un barrio de esa localidad bonaerense, sobre el que construyeron sus viviendas.

La intervención se produjo luego de que los damnificados por la medida se presentaran en la oficina de ATAJO de la villa 21 de CABA, solicitando que “por intermedio de esta oficina de Acceso a la Justicia, el Sr. Juez los escuche y los reciba en su despacho, para arreglar el pago del terreno”.

Tras recibir el testimonio de los vecinos, dos hermanos y sus parejas, los operadores de la agencia ATAJO se comunicaron con el Juzgado Civil de La Matanza y alegaron la condición de vulnerabilidad de los damnificados. Además informaron al Juzgado Civil que en el terreno a desalojar vivían niños, de 6, 9 y 11 años, hijos de los perjudicados. Al mismo tiempo, los dos matrimonios se contactaron con un abogado particular quien llegó a tiempo a presentar los escritos pidiendo la suspensión de la medida, lo que fue proveído por el juzgado.

Vulnerabilidad

El acta que recoge el testimonio brindado por las familias en la sede de ATAJO, demuestra la situación de precariedad en la que vivían y su incapacidad para acceder a la justicia. Según detallaron, habían comprado el terreno en el año 2005 a una mujer que les entregó a cambio del dinero recibos de confección informal y nunca llegó a concretar el boleto de compraventa. Tiempo después la vendedora falleció y cuando en la Justicia Civil fue iniciado en el año 2012 un juicio de reivindicación, los compradores comprobaron que dicha mujer no era la legítima propietaria del bien.

Según precisa el acta, “en el año 2005 compraron el terreno [ubicado en la calle] Cirilo Correa, a una persona, que luego resultó no ser la dueña. Por ello, los verdaderos propietarios iniciaron una acción judicial que tramitó en el Juzgado Civil Nº 4 de La Matanza”.

La acción interpuesta por ATAJO significó la primera aparición de los perjudicados en el expediente civil. En efecto, ambos matrimonios precisaron que el abogado de la parte actora les había aconsejado en el comienzo del proceso que lo más conveniente era que no tengan patrocinio y que “arreglen directamente el problema con el demandante”.

Sin embargo al ser notificado del inicio del proceso por los derechos de propiedad, ambas familias intentaron una representación legal en la Defensoría Civil Oficial pero fueron rechazados porque uno de los solicitantes registraba un empleo en blanco por el que hoy percibe una remuneración mensual de $10.000. Las familias agregaron que ambos jefes de hogar trabajan en una fábrica de calzados, uno, y el otro realiza changas en una carbonería, mientras que sus esposas trabajan en el hogar cuidando a los niños.