El titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez se presentó hoy ante la Cámara Federal para reclamar que se "revoquen los sobreseimientos y se dicten los pertinentes procesamientos" y se eleve también este tramo de la investigación a juicio oral y público. El representante del Ministerio Público había apelado la decisión del juez Claudio Bonadío, quien sobreseyó al ex ministro de Salud de la Nación Juan Manzur y a los integrantes del Servicio Jurídico de esa cartera Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Bonpland y Alelí Claudia Polar García en la causa en la que se investigan irregularidades en la licitación pública relativa al Plan Qunita,

El fiscal nacional de investigaciones administrativas entre sus varios argumentos señaló que se ha demostrado que la Licitación Pública N°4/15 del Ministerio de Salud de la Nación, constituyó un plan único para defraudar al Estado, y que cada uno de los intervinientes hizo su aporte conforme sus funciones y vigencia de su cargo. Además, Rodríguez consideró que "el proceso licitatorio fue concebido con la clara e inequívoca intención de obtener un provecho espurio".

El representante del MPF puntualizó además que los funcionarios del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud debieron haber advertido las irregularidades y dictaminado en contra del pliego aprobado por Manzur el 30 de enero de 2015, que violaba los artículos 46 y 47 del Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, "permitiendo la violación de la igualdad, concurrencia y transparencia, principios rectores de toda contratación del Estado". Según el fiscal, el pliego licitatorio "restringía la oferta a unos pocos al llamarse a licitación pública por grandes cantidades de bienes en un único renglón y con cortos plazos de cumplimiento".

El titular de la PIA detalló que se "permitió dar curso al trámite de un proceso de selección formal pero direccionado para quienes resultaran finalmente adjudicados, al aprobar el pliego de bases y condiciones particulares con serias irregularidades afectando de esta manera los principios básicos que deben regir a toda contratación pública, que superan la mera negligencia". Asimismo Rodríguez apuntó contra los privados que se hicieron del beneficio de la maniobra y solicitó: "verificar con mayor exactitud la coordinación y puntos de contacto entre los oferentes, que actuaron en forma similar al contratar con un tercero, con antelación a la adjudicación".

En definitiva Rodríguez le señaló al tribunal revisor que “Todo ello, como se viene afirmando ha ocurrido en el período en que Manzur era Ministro de Salud, razón por la cual corresponde se dicte su procesamiento al igual que los consortes de causa, a los fines que afronte el debate oral con el resto de los funcionarios involucrados. Se insiste en la idea que, técnicamente no hubiese sido posible, o por lo menos mucho más dificultoso, la exclusión de empresas legítimamente interesadas si el pliego hubiese respetado los requisitos exigidos para evitar este tipo de maniobras”.