Ayer, la Cámara de Casación Penal nombró a María del Carmen Roqueta y Adriana Palliotti, de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº6 y 5, para que resuelvan la recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitada por las defensas en el juicio por la represión ocurrida en Plaza de Mayo en 2001.

La decisión debía tomarse junto al presidente del Tribunal que lleva a delante el debate, pero los abogados de los imputados decidieron recusar a José Martínez Sobrino de tomar la decisión sobre su colega. Esto es porque entienden que el juez debe declarar como testigo, ya que fue parte de la deliberación donde habrían ocurrido las "diferencias éticas irreconciliables" planteadas por el otro miembro del Tribunal, Javier Anzoátegui.

Por lo tanto, Casación Penal realizó hoy otro sorteo, dónde se estableció que Guillermo Costabel, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4, defina la recusación de Giménez Uriburu junto con las otras dos juezas.

En base a esto, el Tribunal Nº6 decidió suspender la audiencia de hoy ya que aún no está resuelto el pedido de las defensas. La decisión se fundamenta en que, en caso de que se decidiera el apartamiento del juez, los actos que se llevaron a cabo con la presencia del magistrado recusado luego del pedido, serían nulos e invalidarían posibles indagatorias, por ejemplo.

Por su parte la Fiscalía, presentó hoy el escrito ante el Tribunal que brinda detalles sobre el material videográfico que expondrá en las audiencias. En diálogo con Fiscales, el representante del Ministerio Público Mauricio Viera ponderó la importancia de los videos para darle relevancia a los hechos y exhibir a los jueces de manera más ilustrativa lo sucedido en aquella fecha.

La próxima audiencia fue fijada para el viernes 28 a las 9:00. Se espera que, luego de la definición sobre la intergación del Tribunal, comiencen las declaraciones indagatorias de los acusados. El primero de la lista será el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov y el ex jefe de la Policia Federal Argentina (PFA) Rubén Jorge Santos

La audiencia de recusación

El viernes 21 de marzo, luego de la resolución de las cuestiones preliminares, se leyó un escrito presentado por el juez Anzoátegui, quien solicitaba ser excusado del juicio por tener "diferencias éticas irreconciliables", con uno de los miembros del Tribunal. Pedía que se designe a otro magistrado en su lugar, ya que ciertas decisiones del juez Giménez Uriburu le producían "violencia moral".

Inmediatamente después de la lectura, se comunicó una resolución del Tribunal firmada por el presidente Martínez Sobrino y por Giménez Uriburu, donde rechazaban la recusación. En base a esto, las defensas solicitaron información sobre los hechos, algo que los jueces negaron luego de un cuarto intermedio, amparándose en el "secreto" del debate de resoluciones.

Con esta decisión, los abogados fueron más allá y solicitaron la recusación de Giménez Uriburu por considerar que no es un "juez imparcial". Cabe aclarar que tanto la Fiscalía, como las querellas calificaron a estos pedidos como "dilatorios", ya que no hay pruebas de la supuesta falta de parcialidad.

Después de otro cuarto intermedio, y luego de la excusación por parte de Anzoátegui para definir sobre la recusación de su colega, el presidente Martínez Sobrino comunicó que daría intervención a la Cámara Nacional de Casación Penal "a efectos de que designe otros dos integrantes", para definir la cuestión.

La causa

El 19 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio por treinta días. La Constitución establece que deben especificarse qué garantías se suspenden y qué territorio estaba abarcado por la medida, sin embargo el ex mandatario no detalló esos datos en el decreto.

Entonces, se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires un operativo represivo que incluyó personal de Infantería, policías a caballo, carros de asalto e hidrantes. Las protestas concluyeron con la renuncia de De la Rúa. En el juicio, se juzgará a los responsables por las muertes de Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y de más de 100 heridos, algunos de ellos de gravedad, como Paula Simonetti y Martín Galli.

Los acusados son: el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov; el ex jefe de la Policia Federal Argentina (PFA) Rubén Jorge Santos; al ex Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, Norberto Gaudiero; y al ex Jefe de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, Raúl Andreozzi, por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, homicidio culposo en cinco casos y lesiones culposas en 116 casos.

El segundo grupo de imputados está integrado por los oficiales de la Policía a quienes se atribuyen, puntualmente, algunos de los homicidios (consumados o tentados), lesiones, vejaciones o encubrimientos durante los operativos.

Ellos son: Orlando Oliverio (por entonces comisario inspector), Carlos José López (ex subcomisario), Eugenio Figueroa (ex principal); Roberto Juárez (ex sargento primero), Gonzalo Firpo Castro (ex agente), Norberto Sabbino (ex inspector), Sebastián Saporiti (por entonces auxiliar), Horacio Berardi (ex auxiliar), Mario Seia (ex principal); Víctor Belloni, Omar Bellante (por entonces subcomisario), Carlos Loforte y el ex subcomisario Jorge Toma.