14 de diciembre de 2017
14 de diciembre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A raíz del recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Casación revocó la excarcelación de un hombre investigado por lavado de dinero, evasión tributaria y trata de personas
En línea con el planteo del fiscal general Carlos Schaefer, los jueces de la Sala III consideraron la gravedad del delito que se le imputa y las posibilidades de que el hombre evada la justicia y entorpezca la investigación.

Los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, hicieron lugar al recurso de queja, interpuesto por el responsable de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha jurisdicción que rechazó el recurso de casación y confirmó la resolución que hacía lugar al pedido incoado por la defensa de Ricardo Aguirre para que se concediera su excarcelación.

El caso
Aguirre es investigado, en orden al delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen delictivo e infracción al Régimen Penal cambiario. Ello, atento a que integró, junto a otras once personas, una asociación ilícita dedicada a incorporar capitales procedentes de hechos delictivos al mercado lícito, de modo tal que incrementaron su patrimonio de manera ilícita, a través de la creación de sociedades ficticias con el fin de ingresar fondos que obtenían del comercio de monedas y billetes extranjeros, sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por otra parte, el imputado está en la mira de la Justicia Federal de Paso de los Libres, en el marco de una investigación desarrollada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) –que coordinan los fiscales federales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano- en la que se lo señala como uno de los integrantes de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual, en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Además, en el marco de dicha pesquisa, se estableció que Aguirre contaría con cobertura por parte de diversas personalidades de la Gendarmería Nacional, el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes e incluso del entonces fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont.

En el marco de la pesquisa por lavado de activos, la defensa de Aguirre solicitó el beneficio de la excarcelación, bajo caución juratoria, sobre el argumento de que el imputado tenía domicilio conocido y arraigo, como así también solicitó la aplicación de restricciones como ser la salida del país o la comparecencia cada determinado lapso de tiempo.

El 14 de noviembre de 2016, la jueza interviniente rechazó la excarcelación de Aguirre por considerar que no correspondía dado “la complejidad de las investigaciones, breve lapso de detención, multiplicidad supuesta de intervinientes, zona de frontera, facilidades económicas por los movimientos presuntos de divisas, que posibilitaría o aumentan el riesgo de fuga, como las sendas diligencias pendientes de producción, existiría a su vez un peligro de entorpecer prueba pendiente de análisis y recolección”.

Contra dicha resolución, la defensa de Aguirre interpuso revocatoria con apelación en subsidio, sobre el argumento que “lo resuelto por el juez instructor viola el Derecho de Defensa en juicio, y el debido proceso, además de ser totalmente arbitraria e incongruente”. Por su parte, el fiscal general Carlos Schaefer no adhirió al recurso.

Al tratar la cuestión, el 27 de diciembre de 2016, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, resolvió revocar la resolución de la jueza interviniente y otorgarle la excarcelación a Aguirre. Tal decisión motivó que el fiscal Schaefer interpusiera recurso de casación, que al ser denegado, propició la presentación de un recurso de queja que fue admitido por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

En su presentación, el fiscal Schaefer reeditó los argumentos vertidos en su apelación y sostuvo que “de la simple lectura del fallo en crisis, se puede advertir que el mismo es contradictorio con los fundamentos dados por el juez instructor al denegar la excarcelación, teniendo en cuenta que Aguirre se encuentra imputado por el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen delictivo, infracción al Régimen Penal Cambiario, todos en concurso ideal”, y agregó que “las características de los delitos que se le endilga, sumado a los numerosos medios y contactos en Argentina o el exterior que tiene o puede procurarse el imputado, a la magnitud de la organización delictiva, y contrariamente a lo resuelto por el ad-quem, resulta necesario mantener la prisión cautelar”.

Decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el fiscal Schaefer y concedió el recurso de casación. A su turno, el titular de la Fiscalía General N°3 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, mantuvo el recurso.

Al resolver la cuestión, los jueces de la Sala III, Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Alberto Mahiques, concordaron en hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal Schaefer, dejar sin efecto la resolución recurrida, y ordenar –previo paso por la Cámara a quo- que por quien corresponda se proceda a la inmediata detención de Aguirre.

En su voto, al que adhirieron sus colegas, el juez Mahiques sostuvo que “el a quo no ha realizado un adecuado análisis en relación a los riesgos procesales de fuga referidos al nombrado y alas particulares circunstancias de autos. En efecto, no fue ponderada la calificación atribuida al imputado (…) entendiendo que ésta es una imputación de un hecho grave que podría tornar viable el riesgo de fuga toda vez que en el caso de una eventual condena la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En tal sentido consideró “las resoluciones tienen que ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa”, y agregó “que la excarcelación concedida carece de un sustento mínimo suficiente y pone en evidencia la tacha de arbitrariedad alegada por el representante de la vindicta pública, lo que hace atendible el remedio procesal interpuesto”.