Trece personas fueron detenidas durante 18 allanamientos realizados desde la madrugada de anteayer, en el marco de una causa llevada adelante por la Fiscalía Federal N°8, a cargo de Juan Pedro Zoni, en la que se investiga una cadena de comercialización ilegal de medicamentos. Los procedimientos fueron realizados en la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Mendoza. Se secuestraron medicamentos, facturas originales de la compra y venta ilegal, armas y dinero en efectivo.

La Fiscalía, al solicitarle la realización de los allanamientos al Juzgado Federal N°5 -Secretaría N°10-, hizo hincapié en que este tipo de modalidad delictiva crea “un serio peligro para la vida y la integridad física de las víctimas -amén del claro perjuicio a la salud pública-”, en tanto que “la distribución de estas drogas, sin ningún tipo de consejo médico, prescripción ni seguimiento puede acarrear graves problemas para quien las consuma”, poniendo en peligro las vida de las mujeres y de la población en general. En ese sentido, durante la pesquisa se acreditó que al menos una mujer vio “seriamente afectada” su integridad física.

El inicio de la investigación y el ascenso por la cadena de comercialización

La pesquisa comenzó en marzo de este año, a partir de una denuncia de la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina. Utilizando escuchas directas y seguimientos intensivos con la colaboración del cuerpo de investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y la mencionada División de Delitos contra la Salud, entre otras tareas investigativas, se logró identificar a los proveedores de los proveedores: se trata de otros dos hombres, quienes serían los encargados de obtener la materia prima e imponer el precio de venta y redistribución, a través de una sociedad domiciliada en Villa Martelli.

Los acusados fueron detenidos en los allanamientos llevados a cabo ayer. Además de dinero en efectivo, medicamentos y armas de fuego, se encontraron facturas originales que darían cuenta que la droga era traída desde Inglaterra -tal como se había supuesto en el escrito donde la Fiscalía solicitó los procedimientos- a través de una persona con domicilio en Tandil y conexiones en la Aduana “lo suficientemente efectivas como para obtener medicamentos y redistribuirlos”.

Esta noticia fue editada a pedido de la Fiscalía y la DATIP.