El imputado está sospechado de haber captado a mujeres en estado de vulnerabilidad, que además tenías "una situación migratoria regular y [...] necesidades básicas insatisfechas”. Lo hacía mediante diversas publicaciones de ofertas de trabajo, en diarios o páginas de internet, en las que solicitaba secretarias, recepcionistas, empleadas de limpieza con cama, promotoras y viajantes, entre otras. La “propuesta de trabajo” siempre se relacionaba con la venta de antigüedades y bajo la promesa de ganar grandes comisiones.

En su presentación, el fiscal federal Federico Delgado manifestó que el imputado, al momento de entrevistar a sus víctimas, se presentaba como un empresario exitoso, hablaba de su "compañía" -que no existe-, de su publicista, contador, supervisor y socia. Asimismo, había ubicado "su oficina en el barrio de Recoleta para dar lugar algún sentido geográfico a sus palabras", y de esa manera, trataba de generar en las víctimas "el deseo de pertenecer a ese mundo imaginario, de provocar la necesidad de ir a verlo", sostuvo el fiscal. Sin embargo, sus pretensiones económicas distaban mucho de la realidad en la que se encuentra inmerso.

El representante del Ministerio Público también sostuvo -sobre la base de la denuncia de una de las víctimas- que el hombre “utilizaba a las chicas contratadas para que distrajeran sexualmente a hombres a los que él le robaba antigüedades (precisamente a la actividad a la que se dedica ´formalmente’)”.

Delgado imputó al hombre como responsable del delito de trata de personas, argumentando que el acusado “exhibe a las víctimas como ‘trofeos’, publica sus ‘conquistas’ en las redes sociales, las hace trabajar en las tareas del hogar y en sus emprendimientos comerciales, las utiliza como un instrumento de placer sexual y hay serias sospechas de que favorece la prostitución”.

En relación con el robo de antigüedades, el fiscal también requirió al juez Julián Ercolini investigar su procedencia y las obras de arte que comercializa el imputado, ya que podrían haberse conseguido de modo ilícito.

El acusado ya había cumplido una pena de seis años de prisión, impuesta el 25 de marzo de 2002, por el delito de promoción de la prostitución de menores.