26 de abril de 2024
26 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Los acusados se negaron a declarar y el lunes comienzan las testimoniales
Ordenan seguir con el debate en el juicio a María Julia Alsogaray
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 resolvió hoy no hacer lugar a las nulidades y pedidos de prescripción que presentaron las defensas durante la primera audiencia del juicio. En ese sentido se había expresado la fiscal Sabrina Namer, que sostuvo que los abogados realizaban esos planteos "con el fin de suspender el debate".

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, compuesto por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martinez Sobrino, resolvió hoy no hacer lugar a las nulidades y a los pedidos de prescripción que habían solicitado las defensas, por lo que continúa el juicio a la ex funcionaria.

En el proceso se encuentran acusados María Julia Alsogaray por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora"; Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickhenhayn, de la empresa KPMG, y Gustavo Daneri, ex coordinador general de Entel.

Los jueces consideraron en la resolución que las cuestiones planteadas eran improcedentes, tal como ya había dictaminado la fiscal Sabrina Namer en la primera audiencia. "No se ven vicios formales en las indagatorias y no se advierte que con el dictado del requerimiento de elevación a juicio se hayan cercenado los derechos de las defensas, tal como lo dijo la fiscal de juicio", resolvieron.

Además, el Tribunal comunicó que el próximo lunes comenzarán las audiencias testimoniales. Luego, comenzaron las indagatorias a los acusados, quiénes se negaron a declarar en este momento del proceso.

La causa

Los hechos investigados corresponden a un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó en 1994 la ex Entel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.” y por el estudio Fernández Madero. Dicha contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de Entel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.