El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rívolo, desestimó la denuncia que había presentado el constitucionalista Eduardo Barcesat en la que se solicitaba investigar a Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando Pino Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli “y todo otro senador nacional que haya suscripto o exteriorizado compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”, acusándolos de concretar “un alzamiento público para impedir la ejecución de las leyes nacionales”.

Para desestimar el planteo, Rívolo explicó que de “las normas en juego” que rigen “el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema” se desprende que “no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo sino que surge de un mecanismo republicano y democrático, establecido constitucionalmente, que da injerencia a los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y que tiene, incluso, una instancia de apertura a la ciudadanía para que se exprese”.

De este modo, consideró que “las bases sobre las que el denunciante apoya su acusación en este expediente son, fundamentalmente, cuestiones de índole ética y política y, por ende, en extremo opinables”.

Finalmente, el fiscal federal puntualizó que si bien es cierto que Eugenio Zaffaroni ha presentado su renuncia, “también es cierto que ella lo fue a partir del 1 de enero de 2015. Por ende, la vacante del ministro aún no se ha producido y, por consiguiente, tampoco se han activado ninguno de los mecanismos institucionales previstos para decidir su reemplazo, supuesto que debería darse para que eventualmente tuviera sentido que se discutiera la virtualidad de semejante compromiso político, o de cualquier otra acción que realmente impidiera al Poder Ejecutivo elegir el candidato”.

En consecuencia, señaló que “la conducta que el doctor Barcesat les reprocha a aquellos senadores, no pasa de ser una expresión política, una manifestación de una mera idea, que mal puede estar impidiendo lo que todavía no ocurrió, ni se intentó que ocurriera; es decir, la acusación no tiene vigencia”.