El tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada tiene varios récords. Es el más grande de la historia judicial argentina, por los 68 acusados con los que comenzó, por las 798 víctimas que conforman su objeto y por el tiempo que ha insumido su tramitación, iniciada en 2012 y aún en curso. Pero el último ítem, su extensión, no tiene que ver sólo con la dimensión del objeto procesal. Un examen de la cantidad de audiencias celebradas año a año demuestra la desaceleración del debate oral y público a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia.

En efecto, el fiscal general Abel Córdoba, quien integra la acusación pública junto a su colega Ángeles Ramos, llamó la atención ayer en la audiencia de debate sobre esta situación y le requirió al tribunal la fijación de más audiencias y de mayor duración. "Un juicio de esta relevancia histórica no debe tener un trámite supletorio y que sólo haya audiencias cuando no hay otras ocupaciones", indicó.

Desde el 15 de mayo de 2012, cuando se celebró la audiencia preliminar, al 16 de septiembre de 2016 se llevaron a cabo 328 audiencias y se concretaron dos inspecciones oculares: en la ex ESMA y en la Iglesia de la Santa Cruz. Si se desagrega anualmente esa cifra, queda al descubierto la desaceleración del debate: en 2012 se concretaron 15 audiencias (el juicio comenzó con audiencias periódicas recién en noviembre de ese año); en 2013 hubo 107; en 2014, 85; en 2015, 71. Y en 2016 van 50.

Si el tribunal debatiera todos los lunes, miércoles y jueves hábiles hasta el 28 de diciembre se celebrarían unas 40 audiencias más, lo cual permitiría superar las cantidades de 2014 y 2015. Pero las demoras en las que viene incurriendo no permiten ser optimistas.

En junio pasado el juicio fue suspendido tres veces: el 15 y el 16, por el robo que sufrió una defensora y el 23 por un problema eléctrico. El 24 de julio tuvo otra suspensión por "cuestiones administrativas" del tribunal.

La última etapa del debate, con los alegatos de las partes, viene demorada. La Fiscalía expuso a lo largo de 40 audiencias en 2015, que comenzaron el 6 de julio y culminaron con el pedido de pena el 9 de diciembre pasado. Las querellas abrieron el ciclo de audiencias de 2016 y terminaron de exponer al cabo de 20 jornadas, desarrolladas entre el 4 de febrero y el 4 de abril. La defensa comenzó un mes más tarde, el 11 de mayo pasado. Antes, la defensora que debía comenzar a alegar el 18 de abril solicitó una prórroga y el tribunal fijó la fecha del 2 de mayo. Pero ese día otro defensor pidió una nueva postergación, y los jueces la condecieron: así, llegó el 11 de mayo.

Desde entonces y hasta el 16 de septiembre se concretaron 30 audiencias. Pasaron cuatro meses desde que comenzó el alegato y más de cinco desde que finalizó la querella, que en sólo dos meses realizó su alegato en 20 jornadas. Desde otro punto de vista, la desaceleración en el año en curso se ve en la comparación con la Fiscalía: en cinco meses la fiscalía expuso en 40 audiencias y los defensores en 30.

En junio pasado el juicio fue suspendido tres veces: el 15 y el 16, por el robo que sufrió una defensora y el 23 por un problema eléctrico. El 24 de julio tuvo otra suspensión por "cuestiones administrativas" del tribunal. Desde julio, además, el tribunal dispuso que el juicio continuara con sólo dos audiencias semanales.

Las 28 audiencias de alegato de la defensa realizadas entre el 11 de mayo y el 9 de septiembre pasado, insumieron 47 horas y 10 minutos, lo cual significa que en promedio duraron 1 hora y 41 minutos. Esta semana se realizaron dos más. La del miércoles, prevista para las 9.30 de la mañana, comenzó al mediodía.

El juicio inició con 68 imputados, pero actualmente hay en debate 55. Nueve fallecieron a lo largo del proceso y otros cinco fueron apartados porque su estado de salud no les permite comprender por qué estaban siendo juzgados.

Hasta ahora, alegaron nueve defensores y defensoras por un total de 14 acusados. Todos se refirieron en sus intervenciones a la excesiva duración de este proceso y plantearon la afectación de la garantía de ser juzgados en plazo razonable, y al mismo tiempo se quejaron del tiempo que llevan detenidos sus defendidos.