“Algunas veces durante la paz, o en una situación de guerra fría o en operaciones en una zona de emergencia, podrán llegar a ser el medio principal en que se apoyará la conducción”. La frase corresponde a un manual militar y no se refiere al despliegue de armamento ni logística en un territorio, sino a la utilización del engaño como arma para crear un escenario favorable. En términos castrenses, la operación psicológica.

En los juicios que se llevan adelante por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar hay un denominador común: las acciones psicológicas y la utilización de los medios de comunicación. Si el terrorismo de Estado se valió de más de una herramienta para llevar adelante su empresa criminal de aniquilamiento de los supuestos enemigos del régimen y sus cómplices, el rol que cumplieron algunos medios de comunicación resultó indispensable. El Estado debía ocultar las atrocidades que cometía, pero a la vez necesitaba construir ese enemigo interno que sirviera de excusa y razón para desplegar el exterminio.

Esa utilización se extendió, al igual que el plan criminal, a lo largo y ancho del país e, incluso, más allá de sus fronteras. En las últimas semanas, representantes del Ministerio Público que llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad en las causas ESMA, Operación Cóndor y Armada, en Bahía Blanca, expusieron sobre el rol de la prensa y las acciones psicológicas en la represión.

La herramienta aparece en forma constante y detallada en los manuales utilizados por los militares. Por ejemplo, en el  Reglamento R-C 5.2 del Ejército se especificaba que “las operaciones psicológicas constituirán una operación subsidiaria cuando se cumplan como una apoyo de combate más, en operaciones que tengan lugar en un teatro de operaciones o zona de emergencia”.  Los métodos de acción psicológica, por otro lado, consistían en “las vías de acceso más indicadas para lograr un impacto psicológico y por las cuales transitan los temas o asuntos seleccionados para alcanzar los efectos deseados. Desde el punto de vista de la ejecución, los métodos son los conjuntos de procedimientos y técnicas, gracias a los cuales quienes los siguen tendrán mayores probabilidades de alcanzar un fin determinado, de la manera más rápida y exacta posible. Los objetivos de los métodos serán crear, afirmar o modificar conductas y actitudes en los públicos, que respectivamente no tengan, tengan o sean desfavorables para los fines establecidos”. Yendo específicamente a los medios, establece como uno de ellos a la llamada “propaganda”. El procedimiento consistía en “comunicar mensajes específicos a un público determinado, constituyendo el medio más eficaz cuando se lo emplee para explotar actitudes y opiniones ya existentes que puedan, eventualmente, motivar al público para que éste responda en forma inmediata a aquella compulsión o persuasión”.

ESMA

“Durante la dictadura militar las fuerzas armadas difundieron información falsa a través de los medios de comunicación. Presentaron a las víctimas como ‘delincuentes subversivos’ que eran abatidas en supuestos ‘enfrentamientos’. El reporte de estas operaciones, que fueron parte de la propaganda política del régimen, tuvieron como finalidad la desinformación, agitando los fantasmas del miedo y la violencia en la sociedad”. Así fue señalado en el alegato de los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele en el juicio por los crímenes en la ESMA.

Entre tantos que se describieron en el alegato que lleva casi dos meses, uno fue el caso de Norma Arrostito. La dirigente de la Organización Montoneros fue secuestrada por un grupo de tareas de la ESMA el 2 de diciembre de 1976 y trasladada a ese centro de exterminio. En los medios, sin embargo, se dijo que había sido abatida al resistirse a la detención. Según señalaron los representantes del Ministerio Público en su exposición ante el tribunal, “para darle credibilidad a la noticia, el grupo de tareas montó un simulacro de ‘enfrentamiento’ en Lomas de Zamora, el que luego fue reproducido en numerosos medios de comunicación. Arrostito permaneció en cautiverio alrededor de dos años, fue exhibida ante los secuestrados con el objeto de quebrar la voluntad de los cautivos recién llegados y el 15 de enero de 1978 fue asesinada”.

En el año 1977, Alejandrina Barry -entonces de dos años y medio- fue fotografiada y algunos medios de prensa publicaron su caso bajo la premisa “Los hijos del terror”. Sus padres habían sido asesinados en Uruguay, en un operativo conjunto de represores de ese país con el grupo de tareas de la ESMA. Así, lo mencionó Soiza Reilly en el alegato. También, lo hizo Pablo Ouviña, fiscal de juicio en el debate por los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, donde se juzga justamente la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Es que el caso de Alejandrina y el asesinato de sus padres se dio en el contexto de esa asociación ilícita transnacional.

José María Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977 en Avellaneda. Luego de haber estado detenido ilegalmente en la ESMA, su cuerpo apareció acribillado en la vía pública. Los medios informaron que su muerte se produjo en el marco de un operativo llevado adelante por el comando de la subzona 15 que localizó, a partir de “la valiosa colaboración de la población un depósito de explosivos […] perteneciente a una banda de delincuentes subversivos marxistas”.

“Todos los operativos reflejados en los medios de prensa fueron realizados por los miembros de la ESMA y todos ellos fueron comunicados por el Primer Cuerpo del Ejército. Los asesinatos cometidos fueron encubiertos en combates y enfrentamientos fraguados, creados por las mismas fuerzas armadas para operar psicológicamente en la sociedad y mostrar a un ‘enemigo inescrupuloso’”.

Operación Cóndor

“En lo que constituyó una de las tantas maniobras de aquellas que los manuales militares denominaban ‘acción psicológica’, envolvieron sus cuerpos en una bandera color celeste y blanca con una estrella roja con la inscripción ‘ERP’ en el centro y que contenía, además, la siguiente inscripción: ‘Cdo.[Comando] Cardozo, muerte a la subversión – Unirse y Luchar Basta de Hablar- Viva la patria’”. Pablo Ouviña describió así la operación montada por los militares en el marco de la Operación Cóndor. La maniobra consistió en utilizar los cuerpos de Francisco Edgardo Candia Correa y de Hugo Méndez Donadío. Cardozo -jefe de la Policía Federal Argentina- había sido asesinado recientemente. Las falsas inscripciones de la bandera buscaban desviar la atención y ocultar lo que verdaderamente había ocurrido con ambas víctimas.

En ocasiones, las operaciones psicológicas no consistían, solamente, en escenificar mentiras, sino que también utilizaban a los propios secuestrados en el armado del discurso del enemigo.

Candia Correa era miembro del Partido Comunista Uruguayo, obrero textil y delegado sindical en la fábrica “La Aurora” y dirigente del Congreso Obrero Textil. Al momento de su secuestro, tenía 40 años. En el año 1975, tuvo que radicarse en Argentina. José Hugo Méndez Donadío era un obrero uruguayo del mismo rubro. En su país había sido dirigente del Congreso Obrero de la fábrica Alpargatas y del Congreso Obrero Textil. A fines del año 1974, pasó a la clandestinidad y en el ’75 partió a Buenos Aires.

Ambos se encontraron en la Capital Federal, ya que se conocían por sus actividades políticas. Méndez Donadío fue secuestrado el 15 de junio de 1976 y llevado al centro clandestino conocido como “Automotores Orletti”, donde fue brutalmente torturado. Ouviña relató que de la agenda “miembros de la OT 18 [nombre del grupo de tareas] del Departamento de Operaciones Tácticas I de la SIDE, conjuntamente con miembros del grupo de agentes uruguayos […] obtuvieron la dirección de Francisco Edgardo Candia Correa”. Fue así que el 17 de junio de 1976, Candia Correa fue secuestrado y trasladado a Orletti, donde fue salvajemente torturado. Ambos fueron asesinados a golpes y sus cuerpos, envueltos en una bandera con la inscripción “ERP”, utilizados para la propaganda del terrorismo de Estado.

Bahía Blanca

El 5 de agosto de 1976 Laura Susana Martinelli y Carlos Oliva fueron secuestrados por la Fuerza de Tareas N°6. Permanecieron en cautiverio en la Base Naval Mar del Plata hasta ser trasladados al centro clandestino de detención y torturas conocido como “Baterías”, en septiembre de ese mismo año. Fueron retirados del centro de exterminio los últimos días de diciembre y luego asesinados, aunque su muerte se hizo pública como si hubiera ocurrido en un enfrentamiento con fuerzas estatales. El 2 de enero de 1977, el diario La Nueva Provincia publicó la noticia, bajo el título “El enfrentamiento en nuestra ciudad”.

La nota comienza: “Fuerzas del Ejército abatieron a tres elementos subversivos pertenecientes a la organización declarada ilegal en segundo término”. Luego, describe hechos falsos, a medida de la teoría sobre la existencia de una guerra: “El hecho ocurrió el viernes último, cuando la patrulla repelió el ataque emprendido por los delincuentes desde un automóvil en momentos en que se practicaba un operativo de reconocimiento en el barrio Villa Rosario. También, se recuperó armamento y municiones”.

En el juicio por los crímenes de la Armada que está en su fase final, quedó en evidencia que en el matutino bahiense la falsedad también tuvo su correlato en el ocultamiento: “El caso de Heinrich y Loyola debe ser juzgado en su debido contexto, porque expresa en sí mismo los componentes del fenómeno de terrorismo cívico-militar. Con esto, queremos significar que la empresa de persecución, demonización y marcación del blanco [señalización del enemigo] que existió en torno al conflicto gremial-laboral suscitado al interior de la empresa La Nueva Provincia, y particularmente sobre ambas víctimas, representa una paradigmática demostración de lo que debe entenderse por colaboración, coordinación y complementación del sector civil con las fuerzas estatales, para el desarrollo de la inteligencia sobre los blancos de ataque”. Así, describieron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia los casos de los obreros gráficos y delegados sindicales de la empresa La Nueva Provincia, Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich.

Miguel Ángel Loyola fue secuestrado en su domicilio, el 30 de junio de 1976. Enrique Heinrich, el 1 de julio. Los cuerpos de ambos aparecieron acribillados, el 4 de julio de 1976. En la tapa de La Nueva Provincia, la empresa en la que ambos trabajaban y eran delegados sindicales, nada decía sobre su asesinato, aunque sí mencionaba, como en los otros ejemplos referidos, el abatimiento de siete subversivos. Al ocultamiento en la tapa le siguió el ninguneo en la página 4 de la sección policiales, donde, para el medio gráfico, era más importante la resolución de una pelea en Tres Arroyos entre dos borrachos.

El miércoles, Nebbia y Palazzani pidieron al Tribunal que juzga los crímenes cometidos en Bahía Blanca que la sentencia del juicio sea publicada en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva) como un acto de reparación a las víctimas que el matutino catalogó, sistemáticamente, como “sediciosos”, “delincuentes”,  “subversivos” o “terroristas”, entre otros ejemplos. Pidieron que se ordene el ejercicio de un derecho a réplica colectivo al medio que, dos días después de que aparecieron acribillados dos delegados sindicales de su empresa, editorializó: “Hoy ante la feroz realidad de una nueva escalada de crimen y destrucción desatada contra la patria, no podemos dejar de reiterar una y otra vez, lo que hemos venido sosteniendo al respecto desde siempre. No se puede pelear contra una sola forma de subversión, representada por la metralleta, mientras subsiste, incomprensible, esa otra, mucho más deletérea –por venal y corrompida- alimentada por la izquierda intelectual e infiltrada en los medios de comunicación y en la estructura cultural del país”.

En efecto, al momento de requerir en otra causa que está en trámite el procesamiento y la prisión preventiva del director del diario, Vicente Massot, los fiscales sostuvieron: “Hablamos de una acción psicológica que se erigía en parte esencial del ‘gran Crimen’. Porque –entre otras razones– el plan criminal desplegado necesitaba –esencial y constitutivamente– de ese tipo de despliegue para ser concretado”.

Al respecto, sostuvieron en aquella oportunidad que “el diario, la radio (LU2) y el canal (9) de TV –que conforman el grupo mediático- junto con las FFAA” cumplieron en la asociación ilícita “roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la ‘interminable’ serie de editoriales, presentación de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”. Y remarcaron: “Los Massot, a través de las páginas del diario (también de su radio y la TV) no se privaron de ordenar, incitar, ayudar, instigar, encubrir y concretar material y simbólicamente el genocidio. Labor que cumplen puntualmente hasta la actualidad”. La prueba ventilada en el juicio oral actualmente en curso, en el que se juzga a militares por los homicidios de Heinrich y Loyola, mostró aquél modo aceitado de funcionamiento.