La apertura del debate se dio a sala llena en el SUM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, especialmente acondicionada el juicio. El Tribunal, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra; el Ministerio Público estuvo representado por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat; el Fiscal de distrito Daniel Adler, quien fue aplaudido al ingresar al lugar del juicio; el fiscal de juicio subrogante Walter Romero,  y el fiscal ad hoc Marcos Silvagni. También, dijo presente Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, su hijo Guido, y su nieto Ignacio. “Si quieren el Nunca Más, apoyemos a la Justicia, sostengamos este juicio”, exclamó la referente de los derechos humanos momentos después desde el escenario montado fuera de la Facultad.

En el banquillo de los acusados, están sentados los militares retirados Horacio Leites , Omar Ferreyra y Walter Grosse quienes se encuentran detenidos; y Aníbal Ignacio Verdura, quien goza del beneficio de arresto domiciliario. Los represores están imputados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio calificado cometidos en el circuito represivo que comprendía los Centros Clandestinos de Detención Comisaría de Olavarría; Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de esa localidad; Brigada de Investigaciones de Las Flores - Monte Peloni, y “La Huerta” de Tandil.

Las violaciones a los derechos humanos investigadas en esta causa elevada a juicio hace más de dos años habrían comenzado en la ciudad de Tandil el 13 de septiembre de 1977 con la detención del subcomisario Francisco Nicolás Gutiérrez; continuaron el 14 de septiembre de 1977 con los arrestos de su hija, Isabel Gutiérrez de Ledesma, y de su yerno Juan Carlos Ledesma, en Olavarría; la lista se completó con las detenciones del 16 de septiembre de 1977 de Osvaldo Roberto y Jorge Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Cassano, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez y Néstor Horacio Elizari, Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres; el 20 de septiembre de 1977 de Roberto Edgardo Pasucci y Guillermo Oscar Lujan Bagnola; el 21 de septiembre de 1977 de Osvaldo Raúl Ticera y Juan José Castelucci; el 22 de septiembre de 1977, Rubén Francisco Sampini y Carmelo Vinci; el 26 de septiembre de 1977 Eduardo José Ferrante;el 29 de septiembre de 1977, Alfredo Serafín Maccarini y el 1° de noviembre de 1977, Juan Carlos Butera.

Cómo funcionaba Monte Peloni

Hacia 19771, Las únicas construcciones existentes en el predio de 323 hectáreas ubicadas sobre la ruta 76 eran las correspondientes a un viejo casco de estancia protegido por la ladera de las sierras, rodeado de un bosque variado que dificultaba la visión desde el exterior. A la construcción, sólo podía accederse por un único camino de tierra de aproximadamente un kilómetro, lo que resultaba compatible con la necesaria clandestinidad que debían revestir los lugares de detención.

El edificio cuenta, hoy muy deteriorado, con varias habitaciones. En el patio, se instalaban carpas cuando la capacidad de la vivienda se encontraba colmada. Tanto las tiendas de campaña como la vajilla que se utilizaba en el predio llevaban la inscripción "E.A." (Ejército Argentino).

Este centro clandestino comnezó a ser utilizado como improvisado LRD, según la terminología represiva, aproximadamente al año del golpe de Estado. En concreto, en septiembre de 1977, obedeciendo tal vez a la gran cantidad de secuestros simultáneos que asolaron la ciudad de Olavarría, (a partir del 16 de ese mes, alrededor de veinte jóvenes en una única redada), se habilitó al predio militar como centro de interrogación, detención permanente y tortura.

Según el texto del Ministerio Público Fiscal, luego de los operativos de secuestro “los detenidos eran conducidos esposados y encapuchados al Monte Peloni, donde eran recibidos con palizas de bienvenida por la custodia de suboficiales voluntarios del regimiento local”.

A fines de 1977, en plena actividad del Monte como campo de concentración, los testimonios de quienes permanecieron allí prisioneros y salieron con vida, creen diferenciar dos etapas distintas, basadas en el “tratamiento” recibido.

“La primera, en la que los detenidos eran obligados a permanecer desnudos, con sus ojos vendados, las manos esposadas a la espalda y arrumbados sobre el piso. Sometidos a un casi completo ayuno de sólidos y líquidos durante semanas enteras, los detenidos eran sistemáticamente apaleados por los guardias. Luego de ese periodo de ablandamiento mediante el cual se buscaba quebrar toda resistencia física y psíquica de los prisioneros, recién comenzaban los interrogatorios sistemáticos, realizados por torturadores de inteligencia”, detallaron desde la Fiscalía, a cargo de Romero.

Para los detenidos no había diferencia entre el día y la noche. Permanentemente encapuchados perdían la noción del tiempo. “Los interrogatorios se realizaban en horas impredecibles en otra habitación contigua, ya que el resto de los detenidos podían escuchar los gritos y sollozos de los sometidos a los tormentos de la picana alimentada por un ruidoso grupo generador con motor a explosión”, detallaron.

Terminada esa primera etapa, sobrevenía la siguiente de un relativo “mejor” trato, posiblemente obedeciendo a la finalización de la clasificación de los detenidos en “grupos de interés” para la inteligencia militar; darles un destino “final” o el traslado hacia otros centros clandestinos de detención.