El Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín condenó a penas de 12, 8, 6 y 4 años de prisión a dos ciudadanos bolivianos y a dos argentinos acusados de integrar y financiar una organización para comercializar estupefacientes a Uruguay y a Europa, y ordenó el decomiso de tres camionetas, un camión y un campo situado en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Durante la instrucción, que se inició el 10 de marzo de 2010 con una investigación preliminar del fiscal de San Martín, Jorge Sica, se secuestraron casi 100 kilos de cocaína de alta pureza y se interceptaron entregas a Italia, España y Uruguay.

En el juicio oral intervino el fiscal general de San Martín, Alberto Gentili, quien había solicitado penas similares a las finalmente impuestas.

El fiscal Gentili destacó que lo peculiar del proceso no es sólo el secuestro de una importante cantidad de cocaína, en algunos casos con índices de pureza del 99,9 por ciento y marcas identificatorias de su pertenencia a la organización, sino el decomiso de un establecimiento agropecuario ubicado en San Pedro, que era empleado para la guarda y acondicionamiento de los estupefacientes.

Además, el fiscal ponderó que durante el juicio se emplearon técnicas investigativas no usuales, como las denominadas “entregas controladas”, que permitieron la detección y el secuestro de cocaína enviada por la organización a Italia y España, y la localización de un envío de casi 30 kilos de cocaína a Uruguay, que fue descubierto en la localidad de Costa de Oro, en el curso de una investigación realizada en ese país de modo simultáneo a la que tramitaba aquí. En los aeropuertos de Fiumicino (Roma) y de Barajas (Madrid) fueron detenidas otras dos personas, en el marco de entregas controladas en julio y agosto de 2011, respectivamente.

El decomiso de bienes, su registración y su administración forman parte de las preocupaciones del titular de la Procuraduría de Narcocrinalidad, Félix Crous, quien viene proponiendo en distintos foros la aplicación de medidas tendientes al recupero efectivo de los bienes productos de ilícitos.

El voto del presidente del tribunal, Daniel Alberto Cisneros, tuvo la adhesión de los vocales Daniel Antonio Petrone y Héctor Omar Sagretti. La pena más alta, de 12 años, correspondió a Gloria Paredes Romero, de 56 años y nacionalidad boliviana, por los delitos de organización y financiamiento de un agrupamiento de tres o más personas organizadas y dedicadas al tráfico de estupefacientes, en concurso real con tenencia de elementos destinados a cometer falsificaciones.

En tanto, los argentinos Pablo Daniel Liras, de 41 años, y Juan Pedro Contreras, de 63, fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por formar parte de un grupo de tres o más personas organizadas y dedicadas al tráfico de estupefacientes en sus modalidades de comercio, almacenamiento y transporte.

Finalmente, el boliviano Sergio Paredes Aguilera, de 28 años, recibió cuatro años de prisión por haber sido considerado partícipe secundario del mismo delito, en concurso real con tenencia de elementos destinados a cometer falsificaciones.

Gentili había pedido 12 años y medio de prisión para Paredes Romero, ocho para Liras y Contreras y cinco para Paredes Aguilera.

En los fundamentos, el juez Cisneros destacó que los condenados integraban “una red de comercio internacional (pues la droga transitó cuanto menos las naciones de Argentina, República Oriental del Uruguay, Italia y Reino de España), estructurada en células y desmembrada sólo en parte”, lo cual –indicó- fue “demostrado con los gastos implícitos en las llamadas internacionales, uso indiscriminado de telefonía celular, viajes y estadías en el exterior y uso de distintas propiedades, señales ciertas de un movimiento de capital importante y la pertenencia de todos ellos a un estrato socio cultural y económico medio, lo que permite afirmar que no han llevado adelante las conductas que aquí se les imputan por la miseria o dificultad para ganarse el sustento propio y el de los suyos ni que sean especialmente vulnerables a la selectividad estructural del sistema penal”.

Además del campo de San Pedro, fueron decomisadas una camioneta Chevrolet Zafira, una camioneta Crhysler Town Country, un camión Iveco y un utilitario Mercedes Benz Sprinter. Durante los operativos para dar con la droga, los investigadores secuestraron, entre otros elementos, una balanza, una máquina de sellar vacío, ocho mini gubias, cinta de embalar, una máquina lijadora, un criquet hidráulico, un torno de precisión, una valija negra, una máquina soldadodora eléctrica, un compresor negro, un carro tipo San, siete bobinas de acero y cable, dinero en efectivo, teléfonos celulares y cartillas en blanco correspondientes a DNI. Estas últimas fueron la prueba que derivó en la condena por tenencia de elementos destinados a cometer falsificaciones.