Tal como surge de su presentación realizada en la causa N°4775/2013 del Juzgado Federal N°8 de esta ciudad, en el marco de esas gestiones ante el Poder Ejecutivo —y luego de tres licitaciones fallidas—, la Procuradora General se comunicó telefónicamente con la Secretaría General de la Presidencia y con la Secretaría Legal y Técnica. Esos llamados tuvieron lugar entre otros tantos contactos que ella y diversos funcionarios de la Procuración General mantuvieron entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 con representantes de la Administración a efectos de asegurar el reconocimiento de los créditos presupuestarios necesarios para la compra del edificio.

La reestructuración presupuestaria que dio lugar a la adquisición del inmueble está expresamente prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y requiere una actuación conjunta de este organismo con el Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que en modo alguno se puede vincular ese tipo de gestiones —que también se llevan a cabo en la actualidad ante las autoridades de la Administración— con eventuales irregularidades cometidas por un funcionario de la institución.

La Procuración recuerda además que toda la información sobre la compra del edificio ubicado en Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue oportunamente remitida a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del MPF para su análisis. Frente a esa situación y a fin de evitar la difusión de informaciones inexactas, se adjunta el documento que sobre este aspecto se presentó a la Comisión Bicameral.

Por último, no puede dejar de señalarse que la errónea información publicada en el día de ayer —en virtud de la cual se realizan estas aclaraciones— está basada en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese documento discurre sobre ponderaciones probatorias ajenas a su incumbencia, con un marcado desvío de las funciones técnicas a las que está llamado a ejercer ese organismo en auxilio de la administración de justicia. Defectos de estas mismas características en informes de la UIF ya han generado llamados de atención por parte de jueces y fiscales federales.