La procuradora general de la Nación intervino esta mañana en la Cumbre de Juezas y Procuradoras sobre trata de personas y crimen organizado, convocada por la Academia Pontificia de las Ciencias en la Ciudad del Vaticano. Alejandra Gils Carbó resaltó que los fenómenos de criminalidad compleja como la trata de personas y el narcotráfico se enmarcan en un proceso de globalización, lo que los convierten en “fenómenos trasnacionales en expansión que generan beneficios en escala y que necesitan estructuras altamente especializadas dedicadas a la criminalidad económica". Asimismo, la titular del Ministerio Público Fiscal subrayó el “deber” de las magistradas y los magistrados de “construir una administración de justicia en vista de las necesidades sociales y acompañar el sentido social” de sus funciones.

Gils Carbó hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos servicios de administración de justicia para evitar las limitaciones que le imponen a los estados las “fronteras y sistemas judiciales regidos por límites interjurisdiccionales y métodos tradicionales de cooperación judicial que en lugar de ser herramientas de persecución penal muchas veces resultan una barrera”. Además, insistió en que, tal como afirma el filósofo español Manuel-Reyes Mate, “la justicia no es un procedimiento, la justicia es la solución a una injusticia”.

La procuradora repasó además los ejes de trabajo impulsados durante sus cinco años de gestión, motivados, principalmente, por la creación de equipos especializados e interdisciplinarios en todos los niveles del Ministerio Público para fortalecer la mirada desde distintas especificidades de los fenómenos criminales. “El delito no es un fenómeno aislado de un contexto social y depende de complejas redes tejidas por organizaciones criminales”. Además, repasó la creación de las procuradurías especializadas en delitos contra la humanidad, la narcocriminalidad (Procunar), la trata de personas (Protex), la violencia institucional (Procuvin) y la criminalidad económica y el lavado de activos (Procelac), que tienen como misión abordar la problemática específica desde una mirada más amplia que el simple expediente judicial, en constante articulación con los fiscales de cada caso y con las organizaciones de la sociedad civil, entre las que se inscribe la Iglesia Católica. También subrayó el trabajo de las direcciones generales de Acceso a la Justicia y las agencias ATAJO, y de Asistencia y Acompañamiento a las Víctimas (DOVIC). “No es simplemente instalar una oficina: el acceso a la justicia implica procesos de aprendizaje y esfuerzo institucional” que permitieron llevar la justicia “a sectores históricamente marginados de la presencia estatal, afirmó.

Al respecto, el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo, recordó que en el día de ayer, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) encabezada por el obispo de San Isidro y titular de la CEA, Oscar Ojea, pidió que las estructuras creadas por Gils Carbó no sean desmanteladas. El organizador de la Cumbre hizo así referencia a la nota que enviaron a los titulares de los distintos bloques del Senado el propio Ojea y el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, junto a otros obispos y sacerdotes que trabajan junto a las agencias ATAJO en barrios con diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Antes de finalizar, la procuradora presentó la aplicación para dispositivos móviles “Acceso a la Justicia y Prevención”, realizada por la Dirección de Comunicación Institucional en conjunto con programas especializados, direcciones generales, unidades fiscales y procuradurías.  Además de información y otras campañas de prevención, la herramienta permite acceder a una nueva actualización dedicada a la trata de personas,  con información sobre las características más frecuentes de este delito y la posibilidad de hacer consultas puntuales sobre condiciones de trabajo. También, incluye un breve cuestionario que devuelve un resultado sobre la situación de explotación y brinda la posibilidad de realizar una denuncia ante la Línea 145 de Trata de Personas, o bien acceder a un listado completo con organismos de referencia.

“Llevamos la ley que ampara, protege y que reconoce derechos a quienes no tenían ninguna voz y a quienes solamente le conocían la faz punitiva”, concluyó.

Alejandra Gils Carbó forma parte de la comitiva argentina integrada por las fiscales cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Protex), Alejandra Mángano y Laura Roteta, y las titulares de la Fiscalía Nº 10 en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 1 de Mar del Plata, Paloma Ochoa y Laura Mazzaferri, además de juezas de distintos fueros e instancias tanto de la justicia federal como provinciales, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, como La Alameda, dedicada a la lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, explotación infantil, proxenetismo y narcotráfico.