La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que corresponde a la justicia federal continuar con el trámite de las actuaciones por la comercialización de un medicamento que impide la implantación del óvulo fecundado, supuestamente nocivo para la salud.

El dictamen de Gils Carbó surge ante un conflicto de competencia, situación que se da cuando dos tribunales se atribuyen la facultad de intervenir en un proceso. En este caso, entre el Juzgado de Control n° 7 de la ciudad de Córdoba y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la justicia provincial tramita la denuncia formulada por el presidente de la Asociación Civil Portal de Belén contra los directivos de los laboratorios Raffo S.A. y Monte Verde S.A. -referida únicamente a la comercialización del medicamento “Segurite” en la provincia de Córdoba-, mientras que en la Capital Federal hay un proceso en el que se investiga, entre otras cosas, la autorización otorgada por funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para inscribir y comercializar esas mismas píldoras en todo el país.

Ante esa situación, la Sala II de la Cámara requirió que el juzgado cordobés deje de intervenir por entender que existe “una vinculación inescindible entre las conductas investigadas en los dos procesos”, y de esa manera estar en condiciones de asumir la investigación en ese expediente.

La Procuradora General apoyó el planteo de la Cámara. En este sentido, señaló que corresponde que el juez federal investigue la posible comisión del delito de venta de medicamentos peligrosos para la salud disimulando su carácter nocivo, que actualmente tramita ante la justicia de Córdoba. Esto, agregó Gils Carbó, se debe a la estrecha vinculación que existe entre ése y el resto de los delitos involucrados en las actuaciones que tramitan ante la justicia federal.

Luego añadió, en referencia a jurisprudencia de la Corte Suprema, que “cuando se configura una relación de esta índole entre un delito de naturaleza federal y otro de naturaleza ordinaria, […] ha resuelto que la investigación debe quedar a cargo de la justicia de excepción”.

“Los hechos que son objeto del proceso cordobés —relacionados con la distribución comercial en esa provincia del mismo medicamento— no son independientes de los investigados en la justicia federal, pues la alegada ilicitud de la distribución del medicamento depende centralmente de la ilicitud del procedimiento de autorización ante la ANMAT, cuya evaluación compete a la justicia federal”, completó la jefa de los fiscales. Y como ese producto y otros similares se pueden adquirir en todo el país, Gils Carbó consideró que si cada jurisdicción tramitara paralelamente un proceso propio, se “menoscabaría el derecho de defensa de los acusados y atentaría contra la economía procesal”.