23 de enero de 2018
23 de enero de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Federal de Quilmes
Solicitan denegar la excarcelación a dos personas acusadas de trata laboral
Se trata del dueño y el encargado de una panificadora. En el interior del predio se halló a tres personas de nacionalidad paraguaya con situación migratoria irregular, que habrían sido captadas y trasladadas con fines de explotación.

La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Quilmes solicitó que no se haga lugar a los pedidos de excarcelación de dos personas acusadas del delito de trata laboral. La representante del Ministerio Público Fiscal, Silvia Cavallo, pidió al Juzgado Federal de Quilmes que no se les concediera la exención de prisión al propietario y encargado respectivamente de una panificadora de dicha localidad, en donde se encontró a tres ciudadanos de nacionalidad paraguaya con situación migratoria irregular y en condiciones precarias.

 

La investigación se inició el 26 de septiembre pasado, a partir de una denuncia telefónica anónima recibida en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a cargo de PROTEX. Allí se puso en conocimiento de que la ciudad de Quilmes se encontraba ubicada una panificadora donde se explotaría a aproximadamente cinco personas, las cuales serían inmigrantes irregulares o migrantes del interior del país.

 

El denunciante también especificó que estas personas vivían dentro del mismo galpón donde trabajaban, que se desconocía si contaban con la capacidad y posibilidad de entrar y salir libremente del predio, y que compartían el lugar con niños de entre tres y cuatro años. Se señaló que, además de trabajar, las personas debían abonar su alojamiento y que las condiciones sanitarias e higiénicas del lugar eran por demás precarias, presentando olores fuertes, altas temperaturas y presencia de alimañas. El domicilio denunciado pertenecía a uno de los investigados, quien según dichos del denunciante, formaría también parte de la barra brava de un club de fútbol.

 

Dada la escasa información desprendida de la denuncia, la fiscal Cavallo sugirió ordenar a las fuerzas de seguridad la realización de tareas de inteligencia por el término de siete días y, en caso afirmativo, ordenarse el allanamiento del lugar con el fin de determinar si se encontraban allí personas y eventualmente niños en situación de explotación y/o cualquier otra infracción a la ley 26.364.

 

El procedimiento se realizó el 13 de diciembre. Al momento de allanar el domicilio del propietario de la panificadora, se encontraban en el lugar tres personas de nacionalidad paraguaya con situación migratoria irregular, quienes habrían sido captadas y trasladadas con fines de explotación laboral, para lo cual se abusó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

 

Después de que la defensa de ambos imputados solicitase la exención de prisión, Cavallo sugirió al Juzgado Federal de Quilmes que no hiciera lugar a los pedidos. En el caso del propietario del establecimiento, destacó que, a diferencia de lo planteado por su abogado, los hechos por los que se encuentra investigado califican como trata de personas agravada, que cuenta con una pena de entre cinco a diez años, por lo que no debería hacerse lugar a lo planteado. La representante del Ministerio Público Fiscal también remarcó que, teniendo en cuenta que el hombre investigado se encuentra señalado como el dueño del comercio donde se encontraban las personas víctima de trata laboral, podría perjudicar el avance de la pesquisa, o incluso no sujetarse al proceso y darse a la fuga.

 

En cuanto al encargado del establecimiento, la fiscal destacó que se presentó como si fuera sólo un empleado de la panificadora, intentando deslindar su responsabilidad respecto del manejo de las personas que se encontraban en el local allanado, cuando en su carácter de encargado del comercio no podía desconocer la situación de vulnerabilidad en que se encontraban cada una de las personas a su cargo.

 

En base a los resultados de las medidas de prueba, los informes de la Oficina de Rescate y las declaraciones de las víctimas, Cavallo entendió que el encargado podía entorpecer el avance de la investigación, por lo que también solicitó que no se hiciera lugar a su pedido de excarcelación